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La Policía Nacional de Panamá informó que actualmente utiliza unas 200 cámaras corporales distribuidas en diferentes puntos del país, con el objetivo de registrar los procedimientos e intervenciones policiales y fortalecer la transparencia en el ejercicio de la autoridad.
Según la institución, el uso de estos dispositivos —que comenzó en 2020— se aplica en labores preventivas, investigativas y operativas, siempre bajo las solicitudes y directrices de las autoridades competentes.
Distribución y alcance de la iniciativa
Las cámaras están distribuidas principalmente en las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y las provincias centrales, priorizando aquellas zonas con mayor incidencia de incidentes vinculados con la actuación policial.
Cada dispositivo tiene como propósito documentar los hechos que ocurren durante las intervenciones, servir como evidencia en investigaciones judiciales y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas de la institución.
Opiniones divididas en la ciudadanía
Aunque la iniciativa ha sido bien recibida por sectores que valoran el incremento de la transparencia y la protección tanto de ciudadanos como de agentes, algunos expresan reservas.
Para ciertos grupos, las cámaras corporales aumentan la confianza en la labor policial al permitir un registro objetivo de los procedimientos.
Sin embargo, otros consideran que estos dispositivos pueden entorpecer la reacción de los agentes en situaciones de riesgo o emergencia.
Marco legal del uso de cámaras corporales
El uso de estos equipos quedó formalmente regulado con la Ley 466, sancionada y publicada en abril de 2025, que establece los lineamientos y responsabilidades sobre la grabación y almacenamiento del material audiovisual.
La normativa dispone que los oficiales deben informar a los ciudadanos cuando están siendo grabados, aunque no se requiere autorización para iniciar la filmación.
Además, las grabaciones forman parte de los registros oficiales de la institución y solo pueden ser utilizadas bajo parámetros de confidencialidad y respeto a los derechos humanos.
