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Panamá garantiza estabilidad tras fallo judicial
La reciente decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia, que declara inconstitucional la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company, no afectará el flujo comercial del país. El Gobierno Nacional ha actuado con rapidez para asegurar que la maquinaria logística que mueve al mundo a través del Istmo no se detenga. Según la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), se ha activado un protocolo técnico diseñado específicamente para proteger la cadena de suministro global y mantener la eficiencia en ambos terminales.
El impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia marca un hito en la gestión de infraestructuras críticas en Panamá. Aunque el fallo anula el contrato vigente con la filial de CK Hutchison Holdings, el Estado panameño ha reafirmado su rol como propietario soberano de las instalaciones. Esta medida busca rectificar el marco legal sin comprometer la productividad que ha caracterizado a los puertos de Balboa y Cristóbal. Las autoridades subrayaron que la prioridad es mantener la confianza de las navieras y socios internacionales en el sistema portuario nacional.
Una transición ordenada y segura
Para evitar cualquier vacío operativo, las autoridades han establecido una hoja de ruta clara. El objetivo es mantener los estándares de calidad mientras se redefine el modelo de gestión. Este proceso se realiza bajo el estricto cumplimiento de las normas nacionales, enviando un mensaje de seguridad jurídica a los mercados internacionales. El Estado mantiene el control absoluto, asegurando que la transición sea coordinada y no afecte los compromisos comerciales previamente adquiridos.
Un plan de transición con respaldo internacional
Como parte fundamental de esta estrategia, Panamá contará con el apoyo temporal de APM Terminals. Esta empresa, reconocida como uno de los operadores portuarios más importantes del planeta, aportará su experiencia técnica para supervisar las operaciones durante la fase de transición. Esta alianza estratégica garantiza que los servicios de carga y descarga mantengan su ritmo habitual, evitando retrasos que podrían impactar negativamente en la economía local y en el comercio marítimo regional.
Compromiso con el comercio global y el Estado de derecho
El Gobierno de Panamá ha sido enfático en que la protección del interés nacional es la prioridad absoluta tras este dictamen judicial. Al mismo tiempo, se mantiene un firme compromiso con el Estado de derecho, asegurando que todas las acciones se realicen con total transparencia. El país continúa consolidándose como un eje estratégico para el comercio marítimo y logístico, ofreciendo estabilidad y confianza en un entorno global competitivo. La soberanía sobre sus puertos se ejerce ahora con una visión de futuro que prioriza la eficiencia y la legalidad.
