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La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha abierto un período de consultas en el marco del proceso legal que enfrenta el contralor Anel Flores contra Panamá Ports Company (PPC). Este movimiento se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el contrato que vincula al Estado panameño con la mencionada empresa portuaria.
Según el edicto No. 1027, emitido por la secretaría de la Corte, se ha habilitado un plazo de 10 días para que las partes interesadas presenten sus argumentos y alegatos con respecto a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Flores. Este plazo comenzará a correr una vez que el edicto sea publicado durante tres días en un diario de circulación nacional.
Fuentes del Órgano Judicial han informado que el magistrado Olmedo Arrocha, designado como ponente de la demanda, ya ha recibido la opinión del procurador Luis Carlos Gómez. Es importante recordar que Gómez ya había expresado previamente su opinión sobre el contrato entre PPC y el Estado en otra demanda de inconstitucionalidad presentada por los abogados Julio Fidel Macías y Norman Castro.
En esa ocasión, el procurador Gómez argumentó que el contrato en cuestión violaba al menos 15 artículos de la Constitución panameña, al considerar que se habían transferido indebidamente derechos privativos del Estado, afectando el bienestar social, el interés público y la libre competencia. Además, señaló que se permitía a la empresa la explotación de áreas no contempladas en la concesión original.
Adicionalmente, la Sala Tercera de la Corte Suprema está tramitando una demanda de nulidad contra la prórroga otorgada a PPC para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Esta demanda, presentada por el abogado Roberto Ruíz Díaz, busca invalidar la prórroga automática de 25 años concedida a PPC mediante las notas ADM-1123-062021-DGPIMA-CON y la certificación SG No. 021-062021, ambas emitidas por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Es importante señalar que la Contraloría también ha ordenado una auditoría exhaustiva de las operaciones y pagos realizados por PPC en virtud del contrato para la operación de los puertos de Cristóbal y Balboa. Este proceso se suma a las crecientes preocupaciones sobre el cumplimiento y la transparencia en la gestión de este importante acuerdo comercial.
Este conjunto de acciones legales y administrativas reflejan un interés creciente en revisar los términos y condiciones del contrato entre el Estado panameño y Panamá Ports Company, así como en garantizar que se cumplan los principios de legalidad, transparencia y beneficio para el interés público.
