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El Gobierno de Panamá ha dado un paso significativo hacia la modernización de su administración pública con la aprobación del proyecto de ley 21-25, que busca transformar la Ley 9 de 1994, referente a la Carrera Administrativa. Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Gabinete, tiene como objetivo principal profesionalizar el servicio público, promoviendo la transparencia, la eficiencia y la meritocracia en la gestión del talento humano estatal.
Uno de los pilares fundamentales de esta reforma es la creación del Instituto Nacional de Administración Pública, una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia que gozará de autonomía técnica y funcional. Este instituto será el encargado de velar por la correcta implementación de las políticas de profesionalización y de asegurar que los servidores públicos cuenten con las herramientas y el conocimiento necesarios para desempeñar sus funciones de manera óptima.
La necesidad de esta reforma surge de la evidente disparidad existente en el sistema actual. De los aproximadamente 260 mil servidores públicos que existen en Panamá, apenas un 5% (13,086) cuenta con el estatus de Carrera Administrativa. Además, un diagnóstico exhaustivo reveló que un alarmante 87% de quienes ocupan puestos que deberían estar dentro de la carrera administrativa, no lo están. Esta situación genera inequidades, dificulta la evaluación del desempeño y, en última instancia, afecta la calidad de los servicios que el Estado ofrece a la ciudadanía.
La reforma propuesta busca corregir estas deficiencias mediante la implementación de un sistema de ingreso, ascenso y permanencia basado en el mérito y el desempeño. Esto significa que los servidores públicos serán evaluados de manera objetiva y transparente, y que sus oportunidades de desarrollo profesional estarán directamente ligadas a su capacidad y compromiso con el servicio público. Se busca así otorgar estabilidad laboral y establecer reglas claras para todos los empleados del Estado.
El proyecto de ley es el resultado de un amplio proceso de consulta y consenso social. El texto fue enriquecido con las aportaciones de los trabajadores organizados y de la Mesa Técnica Interinstitucional, en la que participaron entidades clave como el Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría de la Administración, la AIG, la ANTAI y la Secretaría de Reorganización del Estado. Además, se incorporaron insumos de la propuesta presentada por el diputado Roberto Zúñiga, fruto de seis mesas multisectoriales con la participación de diversos actores sociales, incluyendo Fenasep, Conato, la Universidad de Panamá y la Cámara de Comercio.
Entre los objetivos clave de la reforma, destacan la consolidación de un sistema de Carrera Administrativa basado en el mérito, la implementación de mecanismos modernos de evaluación del desempeño, el restablecimiento de concursos públicos rigurosos como vía de ingreso y movilidad, el fortalecimiento de la transparencia mediante un Sistema Integrado de Recursos Humanos del Estado y la garantía de la sostenibilidad fiscal y la equidad en la gestión del recurso humano.
El Gobierno de Panamá considera que esta iniciativa representa un paso fundamental hacia la modernización del Estado y la construcción de un servicio civil estable, moderno y comprometido con la ciudadanía. Se espera que la nueva ley contribuya a cerrar la puerta a prácticas clientelistas y nombramientos políticos, asegurando que los mejores talentos ingresen y asciendan en el Estado, lo que redundará en una gestión pública más eficiente y de mayor calidad para todos los panameños. La reforma se alinea con los estándares internacionales y con el Plan de Gobierno 2024-2029, marcando un hito en la transformación de la administración pública panameña.
