Panamá Noticias Network Panamá Noticias Network, Tu Portal con las Mejores Noticias de Panamá y el Mundo.
Related Articles
El presidente José Raúl Mulino sancionó este jueves la Ley 474, que incrementa significativamente las penas por delitos sexuales en Panamá, marcando un endurecimiento histórico del marco legal contra este tipo de crímenes.
La nueva normativa, publicada en Gaceta Oficial el 24 de junio de 2025, modifica los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código Penal, estableciendo sentencias más severas que buscan fortalecer la protección de las víctimas y disuadir a los agresores.
Aumentos sustanciales en las penas
Bajo la nueva legislación, quienes cometan violación mediante violencia o intimidación enfrentarán prisión de 7 a 12 años, un aumento respecto a la pena anterior de 5 a 10 años. La sanción se eleva dramáticamente cuando el agresor conoce que porta enfermedades de transmisión sexual incurables o VIH, pasando de 10-15 años a 15-20 años de prisión.
Los casos más graves, que involucran menores de 14 años, personas con discapacidad o víctimas que no pueden consentir, ahora conllevan penas de 12 a 18 años, comparado con los 10 a 15 años anteriores.
Un cambio particularmente notable afecta los delitos contra adolescentes entre 14 y 18 años, donde las penas se cuadruplicaron: de 2-4 años a 8-12 años de prisión.
Actos libidinosos también endurecidos
La ley también incrementa las sanciones por actos libidinosos, estableciendo penas base de 2 a 4 años. Estas se duplican (4 a 8 años) cuando existen agravantes como intimidación, víctimas menores de 14 años, o cuando el agresor es pariente, ministro religioso, educador o cuidador.
Nuevas medidas procesales
La reforma introduce el artículo 279-A al Código Procesal Penal, que establece el anticipo jurisdiccional de prueba en delitos contra la libertad sexual, una herramienta que agilizará los procesos judiciales.
Además, cuando hay acuerdos de pena por delitos sexuales, los jueces de garantías deberán imponer sentencias que no excedan lo acordado, pero tampoco sean inferiores a la mitad de la pena correspondiente, evitando negociaciones excesivamente benévolas.
Esta reforma representa uno de los endurecimientos más significativos del marco penal panameño en materia de delitos sexuales, reflejando una postura gubernamental más firme ante estos crímenes que afectan gravemente el tejido social del país.
