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Primera entrega de una investigación especial
En abril de 2020, cuando el mundo entero vivía bajo el terror del COVID-19 y Panamá buscaba soluciones rápidas para evitar el colapso de su sistema sanitario, surgió un proyecto presentado como la “respuesta inmediata” ante la crisis: el hospital modular Panamá Solidario. Una estructura que prometía agilidad, modernidad y capacidad para atender a los pacientes más críticos. Sin embargo, detrás de esa imagen de eficiencia se tejía una de las historias más polémicas de la pandemia, protagonizada por el empresario Nitesh Mayani, presidente de Smart Briks Centroamérica.
El proyecto fue adjudicado con una velocidad inédita. Mayani, al frente de una empresa especializada en construcción modular, levantó una edificación de 100 camas en tiempo récord y con un costo que superó ampliamente lo habitual para infraestructuras de este tipo. En plena zozobra nacional, los ojos del país se posaron en Smart Briks como la compañía encargada de construir lo que el gobierno promocionó como un hospital de “respuesta inmediata”. Pero lo que comenzó como un símbolo de esperanza terminó convirtiéndose en una pieza más del rompecabezas de decisiones cuestionadas durante la pandemia.
El hospital modular, que costó casi 7 millones de dólares únicamente en infraestructura, funcionó durante un período limitado. Tras la etapa más crítica del COVID-19, el centro dejó de recibir pacientes y entró en una especie de limbo administrativo y físico. Equipos trasladados, áreas desmanteladas, deterioro progresivo y una custodia prácticamente inexistente hicieron evidente que el millonario proyecto había quedado abandonado, a pesar de su corta vida útil.
La figura de Mayani comenzó entonces a ocupar titulares. Su rol en la adjudicación, los costos fuera de escala, la rapidez del proceso, la estructura modular que más tarde se revelaría como fácilmente desmontable y trasladable, y la conexión con proveedores internacionales dieron pie a serias interrogantes. ¿Se compraron módulos nuevos o usados? ¿Cuánto influyó la intermediación internacional en el precio final? ¿Quién se benefició realmente de esta contratación ejecutada en un momento donde el pánico justificaba decisiones aceleradas?
Mientras el hospital se consumía entre maleza, vandalismo y corrosión, la indignación pública crecía. El edificio, ubicado en un terreno privilegiado en Albrook, se convirtió en un recordatorio silencioso de una gestión marcada por la improvisación y la falta de controles. Sus pasillos vacíos contrastan con las urgencias actuales del sistema de salud, donde centros regionales continúan trabajando bajo condiciones precarias y sin recursos.
La historia no termina allí. El entramado empresarial vinculado al proyecto, las cotizaciones solicitadas en el extranjero, las diferencias de precios entre ofertas similares, la reutilización de materiales y las decisiones gubernamentales tomadas al filo de la emergencia levantan aún más sospechas sobre el verdadero propósito detrás del hospital modular. Para muchos, Mayani encarna el rostro empresarial de una oportunidad convertida en negocio millonario bajo el paraguas del miedo colectivo. Para otros, es simplemente el beneficiario de un sistema de contratación permisivo y opaco que encontró en la pandemia el escenario perfecto.
En esta primera entrega abrimos la puerta a un caso que merece ser revisado punto por punto. Las preguntas apenas comienzan.
La segunda entrega profundizará en las conexiones internacionales, las cotizaciones solicitadas en Turquía y los movimientos que hoy levantan sospechas sobre el verdadero costo —y valor— del hospital modular Panamá Solidario.
