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La investigación en curso de la Fiscalía de los Delitos Contra la Administración Pública (MP) se cierne sobre Nadia del Río, exfuncionaria de alto rango durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, por supuestos actos de corrupción, tráfico de influencias y favorecimiento de contrataciones estatales en los años 2019 a 2024. Si es hallada culpable, la suma de los delitos que se investigan podría derivar en una pena cercana a los 10 años de cárcel.
Contratos “bajo lupa” y vínculos personales
El expediente que lleva la carpeta N° 202500057872 de la fiscalía incluye una lista de sociedades vinculadas a adjudicaciones públicas en las que aparece como representante legal o vinculada Nadia del Río y en la que también figuran nombres como Alexander Hepburn y Juan Carlos Soto. Según la denuncia, se habría favorecido la adjudicación de contratos para empresas de su entorno personal y sentimental.
Una nota de la Corte Suprema de Justicia, firmada por la magistrada María Eugenia López Arias, revela que la empresa Sicarelle Holdings, Inc. obtuvo dieciséis (16) contratos de limpieza y servicios en el período 2020-2024, muchos de los cuales están asociados al Órgano Judicial. Documentos aportados por la fuente del medio.
El entramado legal y la pena en juego
La fiscalía investiga, entre otros posibles delitos:
Tráfico de influencias: cuando una persona usa su posición, influencia o relaciones para obtener beneficio, expuesto en el artículo 354 del Código Penal.
Corrupción de servidores públicos (cohecho activo o pasivo): contemplados en los artículos 345, 346 y 347 del mismo cuerpo legal.
Concurso de delitos: si se configuran varias infracciones dentro del mismo proceso, las penas pueden sumarse (artículos 84 y 86).
De acuerdo con la legislación vigente, la combinación de estos delitos —en caso de comprobarse responsabilidades— podría dar lugar a pena de 8 a 10 años o más de prisión. La suma potencial proviene de la acumulación de penas por distintos ilícitos.
¿Cómo operaría el presunto esquema?
Los indicios conocidos hasta ahora apuntan a un patrón que incluye:
Participación de empresas vinculadas a la exfuncionaria o sus allegados en contratos públicos (licitaciones, servicios de limpieza, región llamadas menores).
Adjudicación a dichas sociedades en un entorno de supervisión estatal (Ministerio de Salud, Órgano Judicial) sin que existan claras justificaciones técnicas publicadas.
Relaciones personales/familiares que podrían haber facilitado el favorecimiento directo o indirecto, lo que puede constituir tráfico de influencias.
Remisión de expedientes por parte de la Corte Suprema al MP que demuestra el volumen de contratación de una de las compañías involucradas (Sicarelle) y que pone bajo escrutinio la transparencia de los procesos.
¿Qué falta por conocerse y qué puede pasar?
La fiscalía debe acceder a los contratos integrales, adendas, montos, plazos y beneficiarios para sustentar la acusación.
También entrar al desglose financiero: montos pagados, adjudicaciones directas, firmas autorizantes.
Antes de una eventual acusación formal, la exfuncionaria tendrá derecho a presentar su versión. La etapa actual es preliminar.
Si se eleva la causa a juicio, se abre la posibilidad de que la pena sea impuesta y, de ser convincentes las pruebas, se aplique condena.
Impacto político y social
Este caso se inscribe en la ofensiva anunciada por la fiscalía anticorrupción, que declaró tener más de 4 000 casos en carpeta entre los que figura el de Nadia del Río.
La repercusión es doble: mientras para el país representa una prueba de fuerza institucional, para la exfuncionaria y para su entorno político significa una alarmante exposición pública.
Conclusión
Nadia del Río transita por una senda crítica: los indicios acumulados, los documentos judiciales y las sospechas formales abren la posibilidad de que enfrente una acusación con una penalidad que podría alcanzar los 10 años de prisión si un tribunal determina responsabilidades penales.
Mientras tanto, Panamá observa con atención cada movimiento procesal: porque el caso va más allá de una persona, afecta la credibilidad del sistema de contratación pública y de la lucha contra la impunidad.
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