El presidente José Raúl Mulino durante su anuncio oficial sobre las negociaciones de Cobre Panamá.

Mulino abre la puerta al futuro de cobre panamá: negociaciones buscarán empleos, mayores ingresos y un cierre ambiental definitivo

El presidente José Raúl Mulino anunció este lunes 16 de noviembre el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un acuerdo que permita reactivar la actividad minera bajo estrictas condiciones económicas, ambientales y jurídicas. El mandatario aseguró que cualquier solución deberá garantizar beneficios reales para el país, respeto a la soberanía nacional y la terminación de los arbitrajes internacionales.

El futuro de la mina de cobre ubicada en Donoso entra en una nueva etapa. Durante un mensaje dirigido a la nación, el presidente José Raúl Mulino anunció que ordenó iniciar conversaciones formales con Minera Panamá, con el propósito de evaluar un posible acuerdo que proteja los intereses nacionales y permita aprovechar el potencial económico del cobre.

El anuncio representa un cambio importante frente al escenario de incertidumbre que rodea al proyecto desde la declaratoria de inconstitucionalidad de su contrato en noviembre de 2023.

La decisión se produce después de la auditoría ambiental integral y del análisis de una comisión interministerial que, el pasado 30 de septiembre, presentó recomendaciones para explorar un acuerdo que combine una eventual puesta en marcha con un cierre ordenado y financiado sin recursos del presupuesto nacional.

Reactivación económica y miles de empleos para panameños

Uno de los principales objetivos planteados por Mulino es que cualquier eventual reactivación se traduzca en mayores ingresos para Panamá y nuevas oportunidades laborales.

El mandatario estableció que el equipo negociador deberá procurar la generación de miles de empleos para trabajadores panameños, además de asegurar que los beneficios económicos de la actividad lleguen a diferentes regiones del país.

La eventual recuperación de estas oportunidades tendría especial relevancia para las comunidades vinculadas históricamente al proyecto y para las empresas proveedoras que resultaron afectadas por la paralización.

La Comisión Interministerial había identificado importantes consecuencias económicas y sociales asociadas al cierre de las operaciones, especialmente en las comunidades cercanas al complejo minero.

Cinco condiciones que Mulino considera irrenunciables

El presidente explicó que las conversaciones estarán sujetas a cinco principios fundamentales: la propiedad panameña sobre los minerales del subsuelo, la búsqueda del máximo beneficio económico nacional, el respeto absoluto a la soberanía del Estado, la protección ambiental verificable y el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

En su intervención, Mulino dejó claro que ninguna empresa podrá decidir sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo de Panamá.

También exigió controles sobre los materiales extraídos y un sistema de fiscalización independiente que permita conocer públicamente el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Cierre definitivo, reforestación y controles ambientales

Un elemento central del anuncio es que cualquier eventual acuerdo deberá incluir un cierre ordenado, verificable y definitivo de la mina, sin posibilidad de prórroga.

Según el planteamiento presidencial, los costos correspondientes tendrán que ser asumidos por la empresa y no trasladados a los contribuyentes.

El plan deberá incorporar medidas de reforestación, uso responsable del agua, prevención de daños ambientales y controles técnicos externos.

Estas exigencias coinciden con varias de las recomendaciones presentadas en septiembre, que también contemplaban una fecha final de cierre, financiamiento de los pasivos ambientales y supervisión independiente.

Julio Moltó encabezará las conversaciones

Mulino instruyó a un equipo interministerial, liderado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para iniciar las reuniones con Minera Panamá.

Entre los asuntos que deberán abordarse figura la terminación de los arbitrajes internacionales pendientes contra el Estado panameño, una condición que el mandatario considera indispensable para cualquier entendimiento.

El presidente también anunció espacios de participación ciudadana, especialmente para las comunidades próximas al proyecto, conforme a los compromisos de transparencia y acceso a la información del Acuerdo de Escazú.

Un nuevo capítulo para Cobre Panamá

El anuncio presidencial abre la posibilidad de construir una salida negociada a uno de los mayores desafíos económicos y ambientales del país.

Sin embargo, el inicio de conversaciones no significa que la mina esté autorizada para reabrir ni que exista un acuerdo firmado. Todavía deberán definirse las condiciones económicas, el plazo de operación, el modelo jurídico y los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones.

Mulino precisó que no se trata de otorgar una nueva concesión y que cualquier fórmula deberá respetar plenamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La expectativa ahora se concentra en determinar si las negociaciones permiten alcanzar un acuerdo que genere empleo e ingresos, proteja el ambiente y establezca una solución definitiva para el complejo minero.

Panamá abre así una nueva etapa de diálogo sobre Cobre Panamá, con el desafío de convertir el potencial económico del yacimiento en beneficios verificables para la población, sin comprometer la soberanía ni las obligaciones ambientales del país.

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