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El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, ha expresado públicamente su firme desacuerdo con el reciente aumento salarial otorgado a los magistrados del Tribunal Electoral y la creación de un fondo de jubilación especial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Chapman ha calificado estas medidas como incongruentes con el mensaje de prudencia fiscal que el gobierno busca transmitir al país, especialmente en un momento de desafíos económicos y demandas ciudadanas por un manejo responsable de las finanzas públicas.
Chapman informó haber comunicado su posición directamente a la presidenta de la CSJ y a los magistrados del Tribunal Electoral, instándolos a reconsiderar ambas decisiones. El ministro subrayó los esfuerzos que su cartera ha realizado para controlar el gasto público, incluyendo la reducción de la planilla estatal, tanto en número de empleados como en montos salariales. «Pido a ambas entidades que reconsideren ambas acciones: aumento de salario y jubilaciones especiales», declaró Chapman.
El fondo de jubilación especial para los magistrados de la CSJ permitiría a estos funcionarios retirarse con el 100% de su salario al alcanzar la edad de jubilación. Esta medida, oficializada mediante el Acuerdo N.° 407 publicado en la Gaceta Oficial el 18 de julio de 2024, beneficiaría a aproximadamente 133 de los 519 jueces y magistrados del Órgano Judicial, quienes ya cumplen con los requisitos para la jubilación.
La controversia se agudiza al recordar que, apenas cuatro meses atrás, la CSJ logró que la Contraloría General de la República refrendara un aumento salarial de $4,000 mensuales para los magistrados, elevando sus ingresos mensuales a $14,000. El contralor en ese momento calificó el ajuste como «muy inconveniente», advirtiendo sobre el impacto de un millón de dólares anuales en el presupuesto estatal y abriendo la puerta a solicitudes similares por parte de otros funcionarios de alto rango.
La reacción de diversos sectores no se ha hecho esperar. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) calificó las medidas como «imprudentes, inoportunas y éticamente cuestionables», resaltando el contexto de alto desempleo, tensiones fiscales y dificultades económicas que enfrentan muchos panameños. El Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos) también expresó su indignación, recordando sus años de lucha por un aumento de $10 en sus pensiones, sin obtener respuesta.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se sumó al rechazo, considerando el beneficio como un «privilegio injustificado» y exhortando a la CSJ a rectificar la medida. La exprocuradora y diputada Ana Matilde Gómez propuso que la Asamblea Nacional apruebe una ley que prohíba compensaciones o fondos no sustentados en leyes, mientras que el analista político Rodrigo Noriega criticó la falta de transparencia en el proceso y la desconexión de la Corte con la realidad social del país.
La magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, anunció que se realizará una conferencia de prensa para explicar el tema, aunque aún no se ha confirmado la fecha. La controversia continúa generando debate y presión sobre la CSJ para reconsiderar estas medidas en un contexto económico desafiante y con un creciente clamor ciudadano por la austeridad y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
