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La ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, ha declarado que no puede firmar el finiquito de la huelga docente en curso, calificándola de «ilegal». Esta declaración agudiza aún más la tensión entre el gobierno y los educadores, quienes han estado en huelga demandando mejoras salariales y mejores condiciones laborales. La situación, que ya lleva varios días, ha interrumpido significativamente el calendario académico y ha generado preocupación entre padres y estudiantes.
Según la ministra Molinar, la huelga no cumple con los requisitos legales establecidos en el código de trabajo panameño, lo que impide que el Ministerio de Educación (Meduca) formalice un acuerdo que ponga fin a la misma. Esta postura se basa en la evaluación de los asesores legales del Meduca, quienes han determinado que la huelga carece de la validez legal necesaria para su reconocimiento oficial.
La ministra ha expresado su disposición a continuar el diálogo con los representantes de los gremios docentes, pero insiste en que cualquier acuerdo debe enmarcarse dentro de la legalidad vigente. Subrayó la importancia de priorizar el bienestar de los estudiantes y la necesidad de retomar las clases lo antes posible.
Los docentes, por su parte, argumentan que la huelga es una medida extrema a la que se vieron obligados ante la falta de respuestas concretas a sus demandas. Aseguran que han agotado todas las vías de negociación previas y que la paralización de labores es la única forma de presionar al gobierno para que atienda sus reclamos. Entre las principales demandas se encuentran un aumento salarial que compense el costo de la vida, la mejora de la infraestructura escolar y la asignación de mayores recursos para la educación.
La situación ha generado un debate público sobre la legitimidad de la huelga y la responsabilidad del gobierno en la resolución del conflicto. Diversos sectores de la sociedad han llamado a ambas partes a ceder en sus posiciones y a encontrar una solución que beneficie a la comunidad educativa en su conjunto. Organizaciones de padres de familia han expresado su preocupación por el impacto de la huelga en el aprendizaje de sus hijos y han instado al gobierno y a los docentes a llegar a un acuerdo lo antes posible.
El Meduca ha reiterado su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación con los docentes y de buscar soluciones a sus demandas dentro del marco de la ley. Sin embargo, la negativa a firmar el finiquito de la huelga ha generado frustración entre los educadores y ha dificultado el avance hacia una solución definitiva.
El conflicto docente continúa siendo un desafío para el gobierno panameño, que se enfrenta a la presión de los educadores y a la necesidad de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes. La resolución de esta crisis requerirá de un diálogo constructivo y de la voluntad de ambas partes de ceder en sus posiciones en aras del bienestar común.
