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Panamá ha anunciado importantes ajustes en sus políticas de control migratorio, que entrarán en vigor a partir del 2 de octubre. Sin embargo, estas medidas han generado preocupación en la industria del turismo, ya que incluyen un aumento sustancial en la exigencia de solvencia económica para ingresar al país.
El Servicio Nacional de Migración (SNM) ha aclarado que estas medidas no se aplicarán a turistas, inversionistas ni ejecutivos que visiten Panamá. Sin embargo, el incremento de $500 a $1.000 en la solvencia económica requerida podría tener un impacto negativo en el turismo.
La directora de Migración, Samira Gozaine, explicó que estas medidas buscan prevenir el ingreso de personas que podrían convertirse en migrantes irregulares o que intenten trabajar en el país sin cumplir con los trámites migratorios necesarios. Aunque el objetivo es legítimo, existe preocupación en la industria turística sobre el posible efecto disuasorio que estas medidas podrían tener en los visitantes extranjeros.
Uno de los cambios más significativos es la reducción del período de turismo de 90 a 15 días. Si bien esta medida no afectará a los turistas, sí podría generar confusión y preocupación entre aquellos que planean estadías más largas en el país.
La solicitud de solvencia económica y la limitación de 15 días se aplicarán principalmente a personas que, según su perfil y entrevista, puedan considerarse migrantes irregulares. Esto significa que los visitantes regulares no se verán afectados, pero las personas que deseen permanecer en el país por un período prolongado podrían enfrentar obstáculos adicionales.
La industria turística de Panamá ha sido un motor importante para la economía del país, y las restricciones excesivas podrían ahuyentar a los visitantes potenciales. Los expertos del sector instan a un equilibrio entre el control migratorio y la promoción del turismo para garantizar que Panamá continúe siendo un destino atractivo y accesible para los viajeros internacionales.
Estas medidas se enmarcan en un contexto en el que Panamá busca controlar el flujo irregular de migrantes desde su frontera con Colombia, lo que ha llevado a la implementación de cambios en sus políticas migratorias y de seguridad. Sin embargo, el posible impacto en el turismo es una preocupación válida que requerirá una gestión cuidadosa por parte de las autoridades.
