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Un giro hacia la eficiencia judicial en Panamá
Tras cumplirse los primeros cien días de la implementación del nuevo sistema de justicia, el Magistrado Olmedo Arrocha presentó un balance detallado sobre la transformación del Órgano Judicial. Esta reforma, que entró en vigor en octubre de 2025, no solo busca modernizar los trámites, sino devolver la confianza a la ciudadanía mediante la agilización de procesos críticos como divorcios, sucesiones y ejecuciones hipotecarias.
Desde su puesta en marcha, el nuevo modelo ha gestionado un total de 4,645 causas a nivel nacional. Lo más destacado es que el 20% de estos casos ya han sido despachados, una cifra que demuestra una dinámica mucho más fluida en comparación con el sistema anterior. La meta institucional es ambiciosa: reducir el tiempo de respuesta en primera instancia de un promedio de 900 días a tan solo 200 días.
Avances del Código Procesal Civil según el Magistrado Olmedo Arrocha
El Magistrado Olmedo Arrocha enfatizó que la clave de este nuevo sistema radica en la capacidad de respuesta inmediata. Al aplicar mecanismos más ágiles en procesos de familia y deudas, se busca evitar que los conflictos legales se extiendan por años. Sin embargo, el éxito total de esta transición depende de la capacidad del Estado para sostener el ritmo de trabajo y la inversión en infraestructura tecnológica y humana.
Hasta la fecha, se han invertido aproximadamente cinco millones de dólares para cimentar las bases de este código. No obstante, las proyecciones indican que se necesitarán entre 5 y 10 millones de dólares adicionales en los próximos dos años. Este capital es fundamental para garantizar que la justicia no solo sea pronta, sino también accesible y moderna para todos los panameños.
El desafío de los 10,000 expedientes pendientes
A pesar del optimismo por las nuevas cifras, la justicia panameña enfrenta una sombra del pasado: un inventario de aproximadamente 10,000 expedientes que aún se tramitan bajo el modelo anterior. Estos casos representan un cuello de botella que el Órgano Judicial debe resolver en un plazo máximo de cinco años para completar la transición total.
Actualmente, la carga laboral es pesada. Solo existen cinco jueces liquidadores encargados de estos expedientes, lo que se traduce en una presión de 2,000 casos por cada juzgador. El Magistrado Olmedo Arrocha ha sido claro al señalar que es imperativo duplicar la cantidad de magistrados encargados de esta liquidación. Según el funcionario, la capacidad de emitir decisiones jurídicas de calidad depende directamente del número de jueces disponibles y no únicamente del personal administrativo de apoyo.
