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Panamá se encuentra en una encrucijada crítica. La corrupción, como un cáncer silencioso, ha minado la confianza de los ciudadanos y ha puesto en jaque la estabilidad económica del país. Con una calificación de 35 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, por debajo de la media regional, y una rebaja de calificación por parte de Fitch Rating, la nación istmeña enfrenta un desafío monumental.
En este escenario turbulento, una institución emerge como la posible luz al final del túnel: la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Pero, ¿tiene realmente la Antai el poder y la independencia necesarios para liderar esta batalla?
Olga de Obaldía, directora de Transparencia Internacional en Panamá, arroja luz sobre este dilema. Según ella, la Antai ha tenido un rol «mixto», lastrado por una falta de independencia que compromete su efectividad. El hecho de que su director entre y salga con cada gobierno socava su capacidad para actuar como un verdadero ente de control.
Más preocupante aún es el conflicto inherente en las funciones de la Antai. Por un lado, debe velar por la transparencia y el acceso a la información pública. Por otro, protege los datos personales de los funcionarios, incluyendo sus declaraciones de conflicto de interés. Este doble papel ha llevado a decisiones cuestionables, priorizando a veces la privacidad sobre la transparencia.
El caso de los auxilios económicos es un claro ejemplo. Cuando el Contralor Gerardo Solís ocultó información sobre los beneficiarios, violando la ley, quedó expuesta la debilidad del sistema de rendición de cuentas. De Obaldía lo califica como un «abandono total» a la fiscalización.
Para revertir esta situación, la Fundación Libertad Ciudadana propone una revisión profunda de la Antai. Esto incluye reestructurar su liderazgo para garantizar independencia, separar las funciones de acceso a la información y protección de datos, y fortalecer su capacidad para sancionar a los funcionarios que incumplan la ley de transparencia.
El nuevo gobierno de José Raúl Mulino tiene ante sí una oportunidad única. Una Antai reformada y empoderada podría ser el catalizador para restaurar la confianza ciudadana y mejorar la imagen internacional de Panamá. La pregunta es: ¿tendrá el valor político para emprender estas reformas?
El futuro de Panamá está en juego. La corrupción no solo mancha la reputación del país, sino que también frena su desarrollo y agudiza la desigualdad. En este contexto, la Antai no es solo una institución más; es la piedra angular de un futuro más transparente y justo. El reloj corre, y los panameños esperan acción.
