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La Iglesia Católica panameña asumió oficialmente el rol de mediadora en el conflicto que mantiene paralizada la provincia de Bocas del Toro, después de que el arzobispo José Domingo Ulloa aceptara la solicitud del presidente José Raúl Mulino para facilitar un acuerdo entre el gobierno y los trabajadores bananeros.
Mediación interreligiosa en marcha
«Hemos aceptado la disponibilidad de ser puente para hallar una solución a este problema», declaró Ulloa tras reunirse con el mandatario en la Presidencia de la República. El arzobispo liderará la mediación como presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, acompañado por el rabino Gustavo Kraselnik, presidente del Comité Interreligioso.
La crisis ha paralizado completamente las actividades económicas de la provincia, afectando el turismo, comercio, producción de cacao y plátano, así como las bananeras independientes que mantienen miles de empleos en la región.
Propuesta presidencial sobre la mesa
Durante el encuentro, Mulino entregó al arzobispo una carta firmada donde se compromete a presentar una ley sobre el régimen laboral de los trabajadores bananeros, similar a la antigua Ley 45. Esta propuesta podría aprobarse durante el actual periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional.
El presidente informó a Ulloa sobre todos los esfuerzos realizados por su gobierno para dialogar con la dirigencia del Sitraibana, el sindicato de la empresa Chiquita Panamá representado por Francisco Smith.
Primera reunión programada para el martes
Tras el encuentro presidencial, que también contó con la participación de los ministros Jackeline Muñoz (Trabajo), Fernando Boyd (Salud) y Julio Moltó (Comercio), Ulloa estableció contacto directo con representantes del Sitraibana para coordinar una reunión el próximo martes.
La mediación eclesiástica busca que el sindicato levante los puntos de cierre que mantienen bloqueadas las vías y actividades económicas de Bocas del Toro, a cambio de la presentación de la ley laboral prometida por el gobierno.
Miles de empleos en riesgo
El conflicto se intensificó tras el cierre definitivo de operaciones de Chiquita Panamá en el país, decisión que ha dejado sin empleo a miles de trabajadores y ha generado incertidumbre sobre el futuro económico de la provincia.
La intervención de la Iglesia Católica representa una nueva esperanza para resolver un conflicto que ha mantenido en vilo no solo a los trabajadores directamente afectados, sino a toda la economía bocatoreña que depende del libre tránsito y las actividades comerciales.
