La crisis bananera en Bocas del Toro entró este martes en una fase clave, con la llegada de los principales dirigentes sindicales a la Asamblea Nacional para reunirse con la junta directiva y los jefes de bancada. El encuentro, celebrado en el quinto piso del Legislativo, busca destrabar un conflicto que ya suma más de un mes de huelga, bloqueos y millonarias pérdidas económicas para la provincia y el país.
El trasfondo: reforma de la CSS y derechos laborales
Los líderes del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana) y del Sindicato Industrial de Trabajadores Independientes de Productores Bananeros Independientes (Sitrapbi) viajaron desde Bocas del Toro a la capital, motivados por el impacto de la Ley 462, que reformó la Caja del Seguro Social (CSS) y, según denuncian, trastocó derechos adquiridos bajo la Ley 45 de 2017, como la jubilación anticipada y prestaciones especiales para el sector bananero.
La huelga, declarada ilegal por un tribunal laboral pero aún vigente bajo apelación, ha paralizado la economía local, afectando a comercios, turismo y la cadena logística de alimentos en la región. Chiquita Panamá, la principal bananera del país, despidió a cerca de 5,000 trabajadores y suspendió operaciones “hasta nuevo aviso”, tras pérdidas superiores a los 75 millones de dólares.
La respuesta política y la mediación
En medio de la presión social y económica, el presidente José Raúl Mulino envió una carta a los sindicatos —entregada por el arzobispo José Domingo Ulloa— comprometiéndose a revisar la Ley 45 si se levantan los bloqueos. El Ejecutivo ha reiterado que la declaración de estado de emergencia en Bocas del Toro no implica suspensión de derechos fundamentales, sino la aceleración de proyectos y compras esenciales para la recuperación de la provincia.
El diputado Alaín Cedeño, jefe de bancada de Realizando Metas, aseguró que la Asamblea está dispuesta a escuchar a los trabajadores y buscar una salida que pacifique el país y reactive el empleo. Los sindicalistas presentaron una propuesta de 14 puntos y esperan que el Ejecutivo la traslade al Legislativo para modificar la Ley 462 en beneficio del sector bananero.
¿Qué sigue?
El diálogo en la Asamblea es visto como la última oportunidad para evitar un mayor deterioro social y económico en Bocas del Toro. Los dirigentes sindicales han dejado claro que la apertura total de las calles y el fin de la huelga dependerán de avances concretos en la mediación y la modificación de la ley. Por ahora, la provincia sigue bajo estado de emergencia, con miles de familias afectadas por despidos, cierres y una economía en vilo.