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El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, ha instado a los ministros y directores de instituciones públicas a tomar un rol más activo en la lucha contra la corrupción, solicitándoles que se conviertan en querellantes en los procesos judiciales relacionados con delitos de peculado y otros delitos contra la administración pública. Esta petición, dirigida a través de una nota a la procuradora de la administración, Gretell Villalaz, busca fortalecer el principio de legalidad y garantizar una defensa más activa del interés general.
Gómez argumenta que la participación activa de las instituciones públicas como querellantes en los procesos judiciales que involucran afectaciones a sus competencias o recursos es fundamental para garantizar la transparencia, la responsabilidad y la recuperación del patrimonio estatal que haya sido comprometido. Subraya que esta actuación coadyuvante resulta esencial para que las investigaciones sobre el mal manejo de los fondos públicos avancen de manera eficiente y efectiva.
La solicitud del procurador Gómez se produce en un contexto en el que el Ministerio Público (MP) adelanta varias investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos en diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Midas), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Consejo Nacional para el Desarrollo (Conades), el Ministerio de Educación (Meduca), varias juntas comunales y la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). También se investigan presuntos malos manejos en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto de Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Panamá Ports Company y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), así como en algunos municipios.
En 2024, la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a dos personas por el manejo de fondos del Programa de Sanidad Básica. La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción desplegó a 73 funcionarios para realizar diligencias y requerir información en instituciones públicas sobre diversas investigaciones relacionadas con afectaciones de los fondos públicos. Además, se han realizado cientos de inspecciones oculares en el Registro Público y se han solicitado informes de auditoría a la Contraloría General de la República para establecer las afectaciones al erario público.
Un dato preocupante revelado por el MP es que al menos 225 auditorías siguen pendientes de entrega por parte de la Contraloría, lo que representa una carga operativa que retrasa significativamente las investigaciones por delitos contra la administración pública. En enero de este año, la Procuraduría ya había advertido formalmente sobre el rezago en 166 auditorías. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de agilizar los procesos de auditoría para garantizar que los responsables de actos de corrupción sean llevados ante la justicia de manera oportuna.
La petición del procurador Gómez busca involucrar de manera más directa a los ministerios y entidades públicas en la defensa de los recursos del Estado, transformándolos en actores clave en la lucha contra la corrupción y promoviendo una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos.
