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El presidente José Raúl Mulino ha solicitado la suspensión de una licitación de medicamentos valorada en más de 146 millones de dólares, programada para el 14 de agosto. La decisión, que responde a críticas sobre la gestión de la Caja de Seguro Social (CSS), marca un nuevo giro en la política de transparencia del actual gobierno.
El mandatario, haciendo uso de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), justificó su decisión con palabras contundentes: «Si no pudieron abastecer en 5 años, no lo harán repitiendo los mismos ‘procesos’ en ocaso de su mandato». Esta declaración no solo cuestiona la eficacia de la actual administración de la CSS, sino que también sugiere un cambio radical en el enfoque de las adquisiciones públicas bajo su gobierno.
La CSS, por su parte, acató de inmediato la orden presidencial. En un comunicado oficial, la institución anunció: «Dada la solicitud formulada públicamente por el presidente Mulino, el acto de licitación para la adquisición de medicamentos ha sido suspendido». Además, se instruyó a los oferentes registrados a abstenerse de presentar la documentación prevista para el proceso.
Esta intervención presidencial se produce en un contexto de creciente tensión entre el ejecutivo y la dirección de la CSS. Hace apenas unas semanas, Mulino designó a Dino Mon como nuevo director de la institución, aunque su entrada en funciones está prevista para octubre, tras la ratificación de la Asamblea Nacional. El actual director, Enrique Lau Cortés, ha estado bajo el escrutinio público por diversas crisis, incluyendo recientes fallas en el sistema informático que han afectado la atención a los asegurados.
El Dr. Carlos Pérez, analista en políticas de salud pública, comentó sobre la situación: «Esta suspensión podría ser una oportunidad para revisar y mejorar los procesos de adquisición de medicamentos. Sin embargo, es crucial que se implementen medidas inmediatas para garantizar el abastecimiento y no afectar a los pacientes».
Por su parte, la Dra. María Sánchez, representante de la Asociación de Pacientes de Panamá, expresó su preocupación: «Entendemos la necesidad de transparencia, pero esperamos que esta decisión no resulte en más demoras en la obtención de medicamentos esenciales. Muchos pacientes dependen de un suministro constante y confiable».
La suspensión de esta licitación plantea interrogantes cruciales sobre el futuro del sistema de salud panameño. ¿Cómo se garantizará el abastecimiento de medicamentos a corto plazo? ¿Qué cambios se implementarán para mejorar la eficiencia y transparencia en futuras adquisiciones? ¿Cómo afectará esta decisión a la relación entre el gobierno y la CSS?
Mientras el país espera respuestas, es evidente que se avecina un período de transformación en la gestión de la salud pública. La sociedad panameña debe mantenerse vigilante y participativa en este proceso, exigiendo transparencia, eficiencia y, sobre todo, un sistema de salud que responda efectivamente a las necesidades de todos los ciudadanos. El desafío está planteado, y ahora corresponde a las autoridades demostrar que este cambio de rumbo conducirá a un verdadero mejoramiento en la atención sanitaria del país.
