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El excontralor Gerardo Solis ha emitido declaraciones recientes para esclarecer su participación en el proceso de prórroga del contrato de Panama Ports Company (PPC). En un ejercicio de transparencia, el exfuncionario subrayó que la decisión de extender la concesión no fue una atribución de la Contraloría General de la República, sino una responsabilidad directa de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Según su explicación, el rol de la entidad fiscalizadora se limitó a la realización de una auditoría técnica y financiera para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales previas.
La defensa de Gerardo Solis ante las críticas de la auditoría
Uno de los puntos más debatidos durante su gestión fue la metodología empleada en la auditoría de PPC. Gerardo Solis defendió los resultados de dicho informe, el cual concluyó que la empresa había cumplido con sus compromisos sustanciales. El excontralor resaltó que, bajo su supervisión, se determinó que el Estado panameño recibió ingresos significativos, cifrados en aproximadamente 164 millones de dólares en concepto de utilidades y otros pagos. Esta cifra fue presentada como evidencia de que el contrato, a pesar de las críticas externas de diversos sectores, resultó beneficioso para el tesoro nacional en términos de recaudación directa.
Deslinde de responsabilidades administrativas
El exfuncionario fue enfático al señalar que la Contraloría no tiene la potestad legal para decidir si un contrato se renueva o se cancela. Su función, tal como se detalla en la normativa vigente, es asegurar que los términos pactados se hayan ejecutado conforme a la ley. Al desvincularse de la prórroga automática, Gerardo Solis busca mitigar las percepciones de una supuesta colusión o favoritismo, trasladando el foco del debate hacia los entes reguladores del sector marítimo que firmaron la extensión definitiva del vínculo comercial.
Contexto y transparencia en la gestión pública
La reaparición mediática de Gerardo Solis ocurre en un momento de escrutinio sobre las concesiones estatales de larga duración en el país. Al abordar el tema de Panama Ports, se intenta cerrar un capítulo de incertidumbre sobre los criterios técnicos que avalaron la continuidad de la operadora portuaria. La narrativa presentada sugiere que la auditoría fue un proceso riguroso y que cualquier cuestionamiento posterior sobre la conveniencia de la prórroga debe ser dirigido a quienes poseen la facultad de decisión administrativa sobre los activos del Estado, y no a la entidad que simplemente fiscaliza el cumplimiento de lo pactado.
