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El Ministerio Público de Panamá ha iniciado una investigación de oficio tras la trágica muerte de una bebé de cinco meses en la provincia de Veraguas. La investigación, que comenzó el 10 de agosto y se lleva a cabo en coordinación con la Personería Municipal del distrito de San Francisco, busca esclarecer las causas del fallecimiento de la menor, residente en la remota comunidad de Pandura, corregimiento de Chitra, en Calobre, y determinar si existe responsabilidad por parte de terceros.
La Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado enfatizando el objetivo principal de la investigación: «Con esta investigación se pretende determinar las causas de dicho fallecimiento y la responsabilidad o no de terceras personas».
Este lamentable suceso también ha generado la reacción de la Defensoría del Pueblo de Panamá, que ha expresado su profundo pesar y ha solicitado una investigación exhaustiva de las circunstancias que rodearon la muerte de la bebé. Según información preliminar, la menor recibió atención y orientación médica, pero no fue hospitalizada ni recibió tratamiento urgente. Esta situación ha generado controversia, ya que podría contravenir el artículo 33 de la Ley 285 de 2022, que obliga a los centros de salud, tanto públicos como privados, a intervenir de inmediato en casos de riesgo para la vida o integridad de un menor, incluso si los padres o tutores se niegan. En tales casos, los centros de salud deben activar inmediatamente a la Policía de Niñez y Adolescencia y tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida del niño.
La Defensoría del Pueblo ha recordado que la ley reconoce a los padres y tutores como responsables de la salud y el bienestar de sus hijos, y que este deber no puede ser reemplazado por creencias, costumbres o prácticas que vayan en contra de la preservación de la vida. La institución ha manifestado su preocupación por la presunta intervención de un supuesto «curandero», cuya actuación deberá ser investigada por las autoridades competentes. Advierten que la omisión de auxilio o el permitir que una niña sea expuesta a prácticas sin respaldo científico puede acarrear responsabilidad penal.
La Defensoría ha sido enfática en su postura: “Ninguna creencia, costumbre o tradición puede justificar la privación de un derecho fundamental, y menos aún el derecho a la vida de una niña”. Han recordado que la Constitución, la Ley 285 de 2022 y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Panamá establecen que el interés superior del niño prevalece en cualquier circunstancia.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la protección de la infancia y la necesidad de garantizar el acceso a la atención médica oportuna y adecuada para todos los niños, sin importar su origen o ubicación geográfica. La investigación del Ministerio Público será fundamental para esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia o alguna otra forma de responsabilidad en la muerte de la menor. La sociedad panameña espera justicia y medidas que prevengan futuras tragedias similares. Las autoridades competentes tienen la responsabilidad de garantizar que los derechos de los niños sean respetados y protegidos en todo momento.
