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El diputado Jairo Salazar presentó una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución que aprobó la conformación de la bancada legislativa «Seguimos», integrada por cuatro diputados opositores.
Conformación de la bancada genera controversia legal
La bancada «Seguimos» está conformada por los diputados Grace Hernández, Ernesto Cedeño y José Pérez Barboni, todos del Movimiento Otro Camino (MOCA), junto al diputado independiente Betserai Richards. Esta agrupación legislativa ha generado debate sobre su legalidad dentro de la Asamblea Nacional.
Salazar solicita que la Corte Suprema declare «nula por ilegal» la resolución que permitió la conformación de este bloque legislativo, argumentando presuntas irregularidades en el proceso de aprobación.
Cedeño responde a la demanda en redes sociales
El diputado Ernesto Cedeño, integrante de la bancada cuestionada, respondió a la demanda a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde escribió: «A algunos no les ha gustado que nos constituimos como bancada dentro de la Asamblea Nacional y demandaron el acto ante la Corte. La pelea es peleando».
Su declaración evidencia la tensión política que ha generado la formación de este nuevo bloque legislativo y sugiere que continuarán defendiendo su derecho a organizarse como bancada.
Implicaciones para el equilibrio legislativo
La conformación de bancadas en la Asamblea Nacional tiene implicaciones directas en la distribución de poder y recursos dentro del órgano legislativo. Las bancadas obtienen beneficios como mayor tiempo en debates, acceso a recursos administrativos y posiciones en comisiones.
La demanda de Salazar busca cuestionar la validez legal de este proceso, lo que podría afectar el funcionamiento interno de la Asamblea si la Corte Suprema determina que existieron irregularidades en la aprobación.
Precedente legal en discusión
Este caso podría establecer un precedente importante sobre los requisitos y procedimientos para la conformación de bancadas legislativas en Panamá. La decisión de la Corte Suprema definirá los límites legales para futuras agrupaciones parlamentarias.
La demanda contencioso-administrativa permite a los ciudadanos y funcionarios cuestionar actos de la administración pública que consideren ilegales, convirtiendo este proceso en un mecanismo de control sobre las decisiones del poder legislativo.
Proceso judicial en desarrollo
La Corte Suprema deberá evaluar los argumentos presentados por Salazar y determinar si la resolución que aprobó la bancada «Seguimos» cumple con los requisitos legales establecidos. El proceso judicial podría tomar varios meses antes de llegar a una resolución definitiva.
Mientras tanto, la bancada «Seguimos» continúa funcionando dentro de la Asamblea Nacional, participando en debates y ejerciendo sus funciones legislativas hasta que la Corte emita su fallo final sobre la demanda presentada.
