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La diputada Grace Hernández del partido MOCA presentó este jueves un proyecto de ley que obligará a realizar una auditoría integral de todos los fondos públicos utilizados durante la pandemia del COVID-19, abarcando el período comprendido entre marzo de 2020 y diciembre de 2022.
La iniciativa legislativa surge en respuesta a las denuncias sobre irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la emergencia sanitaria, cuando muchas compras y contratos se realizaron sin seguir los procedimientos normales de licitación.
Críticas al manejo de fondos durante la emergencia
«Mientras la gente moría o hacía fila por una bolsa de comida, otros hacían negocios sin licitación», denunció la diputada Hernández durante la presentación de la propuesta. Sus declaraciones reflejan el malestar ciudadano por las presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos durante uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país.
La legisladora argumentó que es necesario esclarecer cómo se manejaron los fondos públicos en un momento en que la población enfrentaba graves dificultades económicas y sanitarias, mientras algunos sectores aparentemente se beneficiaron de contratos adjudicados sin transparencia.
Alcance de la auditoría propuesta
La ley exigirá rendición de cuentas a múltiples instituciones del Estado, incluyendo el Órgano Ejecutivo, la Contraloría General de la República y todas las entidades públicas que manejaron recursos durante la pandemia. La auditoría se centrará en:
- Compras de insumos médicos y equipos de protección
- Contratos de servicios relacionados con la emergencia sanitaria
- Gastos en programas de ayuda social y económica
- Adjudicaciones realizadas bajo el régimen de emergencia
Procesos legales en caso de irregularidades
La propuesta establece que, en caso de encontrarse irregularidades, delitos o mal uso de fondos públicos, se abrirán los procesos legales correspondientes. Esto podría incluir acciones penales contra funcionarios y contratistas que hayan participado en actos de corrupción o malversación de fondos.
La iniciativa busca garantizar que quienes se aprovecharon de la emergencia sanitaria para obtener beneficios ilícitos sean llevados ante la justicia, mientras se recuperan los recursos públicos mal utilizados.
El proyecto de ley ahora deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional, donde se espera que genere un amplio debate sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos durante situaciones de emergencia.
