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En un sorprendente desarrollo, las autoridades panameñas detuvieron a Nabil Auriet Quintero Castillero, funcionaria de la regional de Los Santos del Tribunal Electoral (TE), al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen desde Europa el 18 de enero. La detención se llevó a cabo en relación con la presunta vinculación de Quintero Castillero con un grupo criminal desmantelado durante la Operación Alpes.
La Policía Nacional informó que Quintero Castillero estaba sujeta a una notificación roja de Interpol emitida el 15 de enero de 2024, en el marco de la Operación Alpes. Esta operación, ejecutada el 10 de enero, resultó en la aprehensión de 73 individuos y el decomiso de cerca de 1.9 millones de dólares en efectivo, así como más de 1.6 millones de dólares en vehículos de lujo y artículos de valor.
Las acusaciones contra la funcionaria incluyen delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales, siendo parte de una estructura criminal desmantelada en la Operación Alpes. La magnitud de la operación y los decomisos subrayan la gravedad de los presuntos delitos cometidos por este grupo.
El Tribunal Electoral confirmó la afiliación laboral de Quintero Castillero y aseguró que se encontraba de vacaciones en el momento de su detención. Además, la institución emitió un comunicado destacando que la actividad ilícita presuntamente cometida por la funcionaria es su responsabilidad exclusiva y no tiene relación con las funciones del TE.
Este incidente subraya la importancia de las medidas de seguridad y la cooperación internacional en la lucha contra actividades ilícitas. La detención de una funcionaria de alto rango plantea interrogantes sobre la integridad de las instituciones y destaca la necesidad de una revisión exhaustiva para salvaguardar la confianza pública en las instituciones gubernamentales.
El caso de Nabil Auriet Quintero Castillero es un recordatorio de que la aplicación de la ley y la transparencia son fundamentales para mantener la integridad y la confianza en las instituciones gubernamentales. A medida que se desarrolla la investigación, la sociedad espera respuestas claras sobre la presunta participación de la funcionaria en actividades criminales y la posible implicación de otros individuos en la Operación Alpes.
