Panamá Noticias Network Panamá Noticias Network, Tu Portal con las Mejores Noticias de Panamá y el Mundo.
Una delicada denuncia por presuntos actos de corrupción ha puesto en el centro del escrutinio público a la Junta Comunal de Tocumen. Jorge Alexander Nieto De Gracia, funcionario de la entidad, compareció el pasado 30 de enero de 2026 ante la Fiscalía Especializada de Anticorrupción para detallar lo que describió como un esquema de nombramientos ficticios y falsificación de controles de asistencia.
Según su declaración oficial, las supuestas irregularidades se habrían ejecutado bajo instrucciones directas de la representante Arielis Barría.
El esquema de los “contratos ficticios”
De acuerdo con el testimonio rendido ante el Ministerio Público, en marzo de 2025 Nieto De Gracia recibió la orden de confeccionar un contrato laboral a nombre de Iván Rodolfo Carvajal Frías, con un salario mensual de B/.1,200.00.
El elemento irregular —según el denunciante— radica en que Carvajal Frías nunca habría laborado físicamente en la institución. En su lugar, quien asistía a las instalaciones de la Junta Comunal era su hermano, Caleb Aldeano.
El esquema, de confirmarse, podría configurar delitos relacionados con peculado, falsedad ideológica y uso indebido de recursos públicos.
Manipulación del sistema biométrico
Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia es la presunta alteración del sistema de control de asistencia.
Nieto De Gracia explicó ante la Fiscalía que se le instruyó crear un usuario en el sistema biométrico con el nombre de Iván Carvajal, pero registrar en la plataforma la huella dactilar de Caleb Aldeano.
De esta manera, cada vez que Aldeano marcaba su ingreso o salida, el sistema reflejaba que el funcionario oficialmente contratado estaba cumpliendo con su jornada laboral, generando un registro aparentemente legítimo.
La maniobra, de comprobarse, evidenciaría una vulneración deliberada de los mecanismos de control interno.
Presiones y control de evidencia
En su declaración, el funcionario aseguró que accedió a ejecutar las órdenes por temor a perder su empleo, tras haber atravesado un período prolongado sin trabajo.
Además, señaló que en el almacén y el área administrativa de la Junta Comunal existen cámaras de videovigilancia que podrían servir como prueba de quién realmente asistía a laborar. Sin embargo, indicó que el acceso y control de dichas grabaciones estarían bajo manejo exclusivo de la representante Arielis Barría.
Estas afirmaciones, ahora bajo análisis del Ministerio Público, podrían ampliar el alcance de la investigación si se determinara manipulación o retención de evidencia.
Documentación entregada a la Fiscalía
Como parte de la diligencia judicial, Nieto De Gracia entregó copias simples de los contratos laborales vinculados al caso. La entrevista fue certificada por el asistente operativo de la Fiscalía Especializada de Anticorrupción, Alberto Luis Núñez Ovalle.
Hasta el momento, no se ha emitido pronunciamiento oficial por parte de la representante señalada.
La investigación se encuentra en etapa preliminar, y corresponderá al Ministerio Público determinar si existen méritos suficientes para formular cargos. Mientras tanto, el caso vuelve a colocar bajo la lupa el manejo de recursos y los mecanismos de control en las juntas comunales del país, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son cada vez más exigidas por la ciudadanía.
Nota editorial
Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
