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La Contraloría General de la República ha remitido al Ministerio Público doce nuevos informes que detallan presuntas irregularidades detectadas en diversas juntas comunales a nivel nacional. Esta acción, anunciada el jueves 24 de abril, forma parte de una serie de auditorías que la Contraloría está llevando a cabo en diferentes entidades locales a lo largo del país.
Según un comunicado oficial emitido por la Contraloría, estos informes, correspondientes a juntas comunales ubicadas en el interior del país, revelan presuntas irregularidades que ascienden a un monto estimado de 4.5 millones de dólares. Estas anomalías financieras ponen en tela de juicio la gestión de los recursos públicos en estas instancias locales.
Con esta reciente entrega de informes, el número de juntas comunales auditadas asciende a 25. El impacto económico total de las presuntas irregularidades detectadas supera los 13 millones de dólares, abarcando el periodo comprendido entre los años 2019 y 2024. Este lapso de tiempo corresponde, en su totalidad, a la administración del expresidente Laurentino Cortizo.
El Contralor General, Anel Flores, ha enfatizado que las auditorías se están llevando a cabo con «objetividad, rigor técnico y sin excepciones». Esta declaración busca asegurar la transparencia y la imparcialidad en el proceso de fiscalización de los fondos públicos.
Flores también aseguró que la Contraloría continuará con la entrega de informes al Ministerio Público en los próximos días. El objetivo es que esta entidad determine las responsabilidades penales o administrativas que correspondan en cada uno de los casos detectados. La colaboración entre la Contraloría y el Ministerio Público es fundamental para garantizar que se haga justicia y se sancione a los responsables de cualquier acto de corrupción.
Las estimaciones preliminares sugieren que el daño patrimonial total podría alcanzar los 43 millones de dólares una vez que se complete la revisión del primer bloque de auditorías. Esta cifra alarmante pone de manifiesto la magnitud del problema y la necesidad de tomar medidas correctivas urgentes.
Las presuntas irregularidades detectadas tienen su origen en la llamada «descentralización paralela» implementada durante el gobierno de Cortizo. Este programa, según las autoridades, implicó la distribución de millonarios fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización con criterios políticos, lo que habría facilitado el desvío de recursos y la comisión de otros actos ilícitos.
La Contraloría General de la República continúa trabajando en la investigación de estas irregularidades, con el objetivo de garantizar la transparencia y la correcta utilización de los fondos públicos. La colaboración con el Ministerio Público es esencial para llevar a los responsables ante la justicia y evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.
