El Contralor General de la República, Anel Flores, ha rechazado categóricamente cualquier vínculo con las acusaciones de extorsión, comúnmente conocidas como ‘matraqueo’, que han surgido en la Asamblea Nacional. En una declaración pública, Flores enfatizó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, negando cualquier participación o conocimiento de las presuntas actividades ilícitas.
Las acusaciones de ‘matraqueo’ han sacudido recientemente a la Asamblea Nacional, generando una ola de indignación pública y exigiendo investigaciones exhaustivas. Diversos medios de comunicación y figuras políticas han denunciado la existencia de una red de extorsión dentro del parlamento, donde se alega que funcionarios exigen pagos a cambio de favores políticos o para agilizar trámites administrativos.
Ante estas graves acusaciones, el Contralor Flores se ha mostrado enfático en su postura. «Rechazo de manera contundente cualquier insinuación que me relacione con estos hechos», declaró Flores. «Mi gestión al frente de la Contraloría General de la República se ha caracterizado por la defensa de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción en todas sus formas».
Flores también instó a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. «Es fundamental que se llegue hasta el fondo de este asunto y se castigue a quienes hayan cometido estos actos de corrupción», añadió el Contralor.
La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Flores, tiene la responsabilidad de fiscalizar el uso de los fondos públicos y garantizar la transparencia en la gestión gubernamental. En este sentido, el Contralor ha reiterado su compromiso de colaborar plenamente con cualquier investigación que se lleve a cabo en relación con las acusaciones de ‘matraqueo’ en la Asamblea Nacional.
Las declaraciones de Anel Flores se producen en un momento crítico para la Asamblea Nacional, que enfrenta una creciente presión pública para abordar las acusaciones de corrupción y restaurar la confianza en la institución. Diversas organizaciones de la sociedad civil han convocado a manifestaciones y protestas exigiendo transparencia y rendición de cuentas.
El escándalo del ‘matraqueo’ ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la Asamblea Nacional. Expertos en transparencia y lucha contra la corrupción han sugerido la implementación de medidas como la creación de una comisión independiente de ética, la publicación de las declaraciones de bienes de los diputados y la adopción de un código de conducta más estricto.
El Contralor Flores ha asegurado que la Contraloría General de la República continuará vigilando de cerca la gestión de los fondos públicos en la Asamblea Nacional y que no tolerará ningún acto de corrupción. «Estamos comprometidos con la defensa de los intereses del pueblo panameño y no permitiremos que se dilapiden los recursos públicos», concluyó Flores.