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El contralor general de la República, Anel Bolo Flores, ha anunciado que impugnará judicialmente el reciente acuerdo que beneficia a magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia con ajustes en sus jubilaciones. Flores calificó la medida como un «juega vivo» y advirtió sobre el impacto negativo que podría tener en la economía del país.
Flores enfatizó que la decisión de los magistrados debe ser refrendada por la Contraloría, un paso que, según indicó, no detendrá su intención de llevar el caso a los tribunales. «Vamos a proceder; en este momento estamos preparando las demandas de inconstitucionalidad», afirmó el Contralor. Sin embargo, reconoció que estas demandas deberán ser presentadas ante la misma Corte Suprema, generando dudas sobre la imparcialidad del proceso. A pesar de ello, Flores expresó su esperanza de que los magistrados «reflexionen y realmente tomen conciencia del daño que le están haciendo a la economía de muchos panameños al tomar este tipo de decisiones».
El Contralor insistió en que hará todo lo posible para «detener eso, porque yo considero que son abusos». Argumentó que, aunque la medida podría ser justificable en un contexto económico favorable, la situación actual del país no lo permite. Sus declaraciones reflejan una creciente preocupación por el uso de fondos públicos y la necesidad de priorizar el bienestar general de la población.
El acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024, publicado en Gaceta Oficial el 8 de agosto, establece la creación de un fondo de compensación por retiro dirigido a jueces y magistrados del Órgano Judicial. Se estima que de los 519 jueces y magistrados, aproximadamente 133 (el 26 %) ya cumplen con los requisitos para jubilarse. A partir del 1 de enero de 2025, aquellos que se jubilen podrán recibir una compensación económica calculada sobre su último salario, complementada por la institución tras descontar lo cubierto por la Caja de Seguro Social (CSS).
Según el acuerdo, los Magistrados de la Corte Suprema recibirán el 100 % de su último salario devengado. Los Magistrados de Tribunales Superiores obtendrán el 60 % de la diferencia entre su último salario y la pensión cubierta por la CSS, mientras que los Jueces de Circuito recibirán el 50 % y los Jueces Municipales el 40 % de esta diferencia. El impacto presupuestario de esta medida se estima en un 0.26 % del presupuesto institucional. Este nuevo acuerdo ha generado controversia y críticas, especialmente en un momento en que el país enfrenta desafíos económicos y se exige mayor austeridad en el gasto público. La demanda anunciada por el Contralor Flores promete añadir más tensión a la situación y generar un debate público sobre la equidad y la sostenibilidad de los beneficios especiales para ciertos funcionarios del Estado.
