El empresario Carlos Alejandro Spigel vuelve a estar en el ojo del huracán judicial. Una jueza de garantías le imputó cargos por el presunto delito de peculado y ordenó como medida cautelar la detención domiciliaria, tras considerar que existen suficientes elementos que lo vinculan a graves irregularidades en el manejo de fondos públicos del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).
La decisión fue tomada el viernes 12 de diciembre, durante una audiencia en la que la jueza Diana García acogió la imputación presentada por la fiscal anticorrupción Patricia Ossa, quien expuso un caso que apunta a un perjuicio económico de más de 458 mil dólares al Estado panameño.
Una obra que se pagó… pero nunca se terminó
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, Spigel habría incurrido en irregularidades relacionadas con una obra del Proyecto de Sanidad Básica de Conades, que debía ejecutarse en la comunidad de Cañaveral, provincia de Coclé, y que fue asignada a la empresa Constructora y Equipo Unido, S.A.
Las investigaciones revelan que en 2016 se le entregó a Spigel un adelanto del 20 % del contrato, sin que la obra fuera concluida, lo que generó un daño patrimonial al Estado por $458,536.
Un caso que destapa una trama mucho mayor
Este proceso penal tiene su origen en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que encendió las alarmas sobre el uso de fondos del Programa de Sanidad Básica. A raíz de estas irregularidades, el Ministerio Público mantiene abiertas 22 denuncias y cuatro querellas, que en conjunto representan una afectación superior a los $8 millones 239 mil.
En 2019, la Fiscalía de Cuentas también inició investigaciones sobre el destino de los fondos entregados al programa, lo que llevó a la Contraloría a ejecutar múltiples auditorías. Ese mismo año, se presentaron denuncias ante la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información contra funcionarios de Conades, por presuntas violaciones a la ética pública.
Obras inconclusas en varias provincias
Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción se han extendido por Colón, Veraguas, Coclé, Darién, Herrera y Los Santos, donde entre 2014 y 2019 debían ejecutarse proyectos de sanidad básica que nunca se terminaron o quedaron a medio camino, dejando comunidades abandonadas y millonarios recursos públicos en el aire.
Mientras el proceso judicial avanza, el caso de Carlos Alejandro Spigel se suma a la larga lista de escándalos que rodean al manejo de fondos de Conades, un programa creado para llevar dignidad y salud a las comunidades, pero que hoy está marcado por sospechas de corrupción, obras fantasmas y millones perdidos.
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