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Resumen: La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Panamá prohijó dos polémicos anteproyectos de ley. El primero pretende reactivar las sanciones penales por calumnia e injuria contra funcionarios cuando se utilicen redes sociales para difundir información falsa, además de castigar con cárcel el uso de inteligencia artificial para difamar. El segundo propone un ‘derecho al olvido’ para limpiar registros policivos de condenados por delitos menores y blanqueo de capitales de hasta 100,000 dólares. Ambas iniciativas encienden alarmas sobre la libertad de expresión y la transparencia judicial.
La delgada línea entre la protección de la honra y el blindaje judicial de los gobernantes vuelve a desdibujarse en el parlamento panameño. Dos propuestas legislativas recién admitidas prometen sacudir el ecosistema digital y judicial del país.
El retorno de la prisión por calumnia e injuria
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales ha prohijado un anteproyecto de ley presentado por la diputada Dana Castañeda que introduce penas de 5 a 7 años de prisión para quienes utilicen herramientas de Inteligencia Artificial (IA) con el fin de difamar en plataformas digitales.
Aunque la justificación oficial apunta a resguardar la integridad de menores de edad, adultos mayores y personas vulnerables frente a montajes digitales, el verdadero punto de inflexión radica en la reforma al Código Penal. La propuesta elimina la exención penal vigente que impide sancionar penalmente la calumnia e injuria cuando los supuestos afectados son servidores públicos.
De aprobarse este cambio, cualquier funcionario que se considere difamado mediante información falsa difundida a sabiendas en redes sociales podrá recurrir a la justicia penal para encarcelar a sus críticos. Diputados como Luis Eduardo Camacho ya han manifestado su intención de utilizar esta reforma para querellar penalmente a quienes los cuestionen.
La polémica del «derecho al olvido»
Paralelamente, el diputado Isaac Mosquera presentó un proyecto de ley que introduce el «derecho al olvido» judicial. El objetivo declarado es facilitar la reinserción social de personas que cumplieron condenas por delitos de baja lesividad.
No obstante, la inclusión del blanqueo de capitales (siempre que la cuantía no supere los 100,000 dólares y no esté ligado al crimen organizado) ha desatado suspicacias. El propio proponente enfrentó procesos por narcotráfico y blanqueo en el pasado, de los cuales fue absuelto, aunque el caso sigue bajo revisión en la Corte Suprema.
Comparativa de las Propuestas Legislativas
| Aspecto Clave | Ley de Calumnia e IA | Ley de Derecho al Olvido |
|---|---|---|
| Proponente | Dana Castañeda | Isaac Mosquera |
| Objetivo Principal | Penalizar difamación digital y reactivar la vía penal para funcionarios | Borrar registros policiales de condenados para reinserción |
| Sanción o Beneficio | 5 a 7 años de prisión por uso de IA difamatoria | Eliminación de antecedentes penales de baja lesividad |
| Delitos Clave Involucrados | Calumnia e injuria digital contra servidores públicos | Blanqueo de capitales (menor a $100k), delitos comunes |
| Exclusiones | Caricaturas y sátiras políticas tradicionales | Homicidio, feminicidio, narcotráfico, terrorismo |
¿Un retroceso para la libertad de prensa?
La posibilidad de que los funcionarios públicos recuperen la facultad de denunciar penalmente por delitos contra el honor genera un clima de autocensura. Los estándares internacionales de derechos humanos señalan de forma reiterada que los servidores públicos deben estar sujetos a un mayor escrutinio y que la vía penal nunca debe ser el mecanismo para dirimir disputas sobre la reputación en el debate político.
Preguntas Frecuentes sobre calumnia e injuria
¿Qué es la calumnia e injuria según la ley panameña?
La calumnia consiste en la imputación falsa de un delito, mientras que la injuria se refiere a la ofensa a la dignidad u honra de una persona. Ambos son considerados delitos contra el honor.
¿Por qué los funcionarios no podían denunciar penalmente estos delitos?
Para proteger la libertad de prensa y el debate democrático, reformas anteriores despenalizaron estos casos cuando involucran a servidores públicos de alto nivel, trasladando estos reclamos exclusivamente a la vía civil.
¿Qué cambia con el nuevo anteproyecto de ley?
El nuevo anteproyecto elimina la exención penal si se demuestra que el autor difundió un hecho falso a sabiendas de su falsedad a través de redes sociales, permitiendo que los políticos exijan penas de prisión.
