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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional rechazó los dos proyectos de ley presentados por el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, en una votación que culminó con cinco votos a favor del rechazo y cuatro en contra, dejando sin avanzar una de las propuestas más debatidas en materia de lucha contra la corrupción.
⚖️ Las iniciativas rechazadas
Los proyectos, presentados el pasado 24 de julio ante el pleno legislativo, incluían:
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El Proyecto de Ley 291: “Ley General Anticorrupción”, que buscaba establecer un marco integral de prevención, sanción y control de los delitos de corrupción en el sector público.
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El Proyecto de Ley 292, que planteaba modificaciones al Código Penal en materia de delitos contra la administración pública.
Ambas iniciativas fueron impulsadas por el Ministerio Público como parte de un plan para modernizar los mecanismos de investigación penal y fortalecer la rendición de cuentas en las instituciones del Estado.
Sin embargo, los proyectos encontraron resistencia tanto en el Legislativo como en otras entidades del Estado, lo que finalmente llevó a su rechazo en la comisión parlamentaria.
🏛️ Debate político y posiciones encontradas
El debate tuvo lugar a pocos días de cerrar el primer periodo ordinario de sesiones y fue presidido por el diputado Luis Eduardo Camacho, quien explicó que la discusión se dio una vez recibidas las opiniones técnicas solicitadas a distintas instituciones públicas.
“Hasta ahora llegaron los informes que habíamos requerido, y por eso el tema fue incluido en la agenda”, señaló Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno.
Las propuestas del procurador generaron una fuerte controversia desde su presentación.
El contralor general de la República, Anel Flores, manifestó su oposición al texto de la Ley General Anticorrupción, advirtiendo que eliminaba las auditorías de la Contraloría en los casos de peculado, lo que, según dijo, “debilitaría los controles del Estado sobre el uso de los fondos públicos”.
Por su parte, el presidente José Raúl Mulino también expresó públicamente sus reservas sobre la iniciativa y pidió al procurador Gómez retirar el proyecto por considerarlo inconveniente en su redacción actual.
⚔️ Tensión institucional y llamado al diálogo
A pesar de las observaciones del Ejecutivo y de la Contraloría, el procurador Gómez decidió mantener las propuestas, lo que intensificó las tensiones entre las autoridades del Estado.
Sectores de la sociedad civil y organizaciones anticorrupción pidieron que el debate no se cerrara, señalando la necesidad de modernizar la legislación penal para enfrentar con mayor eficacia los delitos de corrupción administrativa.
Durante la sesión, representantes del Ministerio Público defendieron las iniciativas, argumentando que su objetivo era agilizar los procesos investigativos y reducir la burocracia en la persecución penal.
📰 Conclusión
Con el rechazo de ambas propuestas, los proyectos 291 y 292 quedan archivados en la Comisión de Gobierno, sin posibilidad de avanzar al pleno en este periodo legislativo.
El debate, sin embargo, deja abierta la discusión sobre la necesidad de reformar la legislación anticorrupción en Panamá, en un contexto donde la transparencia y la eficiencia del sistema de justicia siguen siendo temas de interés nacional.
