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Medidas contundentes de la ANTAI contra el nepotismo en la Unachi
En un movimiento decisivo para la transparencia administrativa, la ANTAI ha sancionado formalmente a 29 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Tras una serie de investigaciones exhaustivas, la entidad fiscalizadora comprobó la existencia de prácticas de nepotismo que vulneran los principios básicos de la administración pública. Esta acción marca un precedente importante en la fiscalización de las casas de estudios superiores en el país.
Las investigaciones revelaron que servidores públicos de diversos niveles jerárquicos incurrieron en irregularidades que favorecieron a familiares y allegados. Como respuesta, la autoridad ha emitido recomendaciones de destitución y penalidades económicas severas, buscando restablecer el orden ético dentro de la institución.
Detalles de las sanciones y multas aplicadas
La resolución emitida por la ANTAI detalla un desglose específico de las penalizaciones según la gravedad de la falta y el nivel de responsabilidad de los implicados. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Destituciones: Se ha recomendado la salida inmediata de 15 servidores públicos vinculados directamente con las irregularidades administrativas.
- Multas del 50 %: 12 funcionarios deberán pagar una sanción económica equivalente a la mitad de su salario mensual.
- Multas del 10 %: Dos servidoras públicas recibieron una sanción menor, correspondiente al diez por ciento de sus ingresos mensuales.
Estas medidas no solo buscan castigar la falta actual, sino también servir como un mecanismo de disuasión para otros servidores que pudieran considerar el uso de influencias para contrataciones de familiares.
El compromiso de la ANTAI con la ética pública
El organismo ha reiterado que estas acciones son fundamentales para garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera correcta. La ANTAI subrayó que el nepotismo es una barrera para la meritocracia y la igualdad de oportunidades, principios que deben regir cualquier entidad pública.
La labor de fiscalización continuará de forma permanente. La institución aseguró que mantendrá procesos abiertos de investigación siempre que se detecten faltas administrativas que atenten contra la legalidad. Con esto, se busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y asegurar que el servicio público sea un espacio de excelencia y transparencia.
