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El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que la próxima semana entregará al Ministerio Público nueva información relacionada con la auditoría practicada a Panama Ports Company (PPC), ampliando un expediente que alcanza a antiguos miembros de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y a ejecutivos de la empresa portuaria.
El anuncio fue realizado durante un conversatorio organizado por el Atlantic Council en Washington D. C., donde Flores explicó que la ampliación responde a un requerimiento del procurador general de la Nación. Según el contralor, la nueva documentación deberá permitir profundizar en las decisiones adoptadas alrededor de la concesión y sus posteriores modificaciones.
Flores señaló que el alcance incluye a antiguos miembros de la junta directiva de la AMP, aunque no reveló públicamente sus nombres. En ese contexto, cobra relevancia la figura del exadministrador de la AMP Noriel Araúz, quien ya figura separadamente entre los exfuncionarios sobre los cuales la Contraloría presentó denuncias penales este año tras auditorías forenses. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado oficialmente que Araúz sea una de las personas señaladas específicamente dentro de esta nueva ampliación del expediente PPC.
La Contraloría sostiene que su auditoría a Panama Ports determinó que Panamá habría dejado de percibir alrededor de B/.1,300 millones durante la vigencia de la concesión, cifra que forma parte de los hallazgos remitidos para investigación.
El Ministerio Público mantiene la investigación bajo reserva y esperaba precisamente información adicional de la Contraloría para continuar profundizando el expediente.
El anuncio hecho desde Washington vuelve a colocar bajo la lupa las decisiones tomadas durante distintas administraciones de la AMP y abre una pregunta que ahora deberá responder la investigación penal: ¿quiénes participaron, autorizaron o respaldaron las decisiones cuestionadas en torno a Panama Ports Company?
