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En un movimiento que intensifica la controversia sobre la intervención federal en ciudades con protestas, el presidente Donald Trump ha ordenado el envío de tropas a Portland, Oregon. La decisión, anunciada a través de su plataforma Truth Social, se produce en medio de crecientes tensiones y acusaciones de violencia política, particularmente dirigidas al movimiento Antifa.
Trump justificó la medida como una respuesta a una solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y autorizó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas las tropas necesarias para proteger la ciudad y las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El presidente también autorizó el uso de «toda la fuerza, si es necesario», elevando las preocupaciones sobre una posible escalada de la situación.
La decisión de Trump se enmarca en su firme postura contra Antifa, al que ha designado como una organización terrorista nacional. Sin embargo, esta designación ha generado dudas legales debido a la naturaleza descentralizada del movimiento. Antifa, abreviatura de «antifascistas», es un término amplio que describe a colectivos de extrema izquierda que se oponen a ideologías neonazis y supremacistas blancas, lo que dificulta su inclusión en listas oficiales de organizaciones terroristas.
El presidente ha denunciado que las instalaciones del ICE están siendo “asediadas” por “antifas y otros terroristas domésticos”. Esta no es la primera vez que Trump ordena intervenciones en ciudades estadounidenses, pero sí la primera vez que se refiere al uso de la “fuerza total”, lo que ha generado alarma entre líderes locales y defensores de los derechos civiles.
Las tensiones en Portland han aumentado en las últimas semanas, con protestas contra las políticas de inmigración y la presencia del ICE. Trump ha calificado la situación en la ciudad como de “anarquía” y ha acusado a “locos” de intentar quemar edificios federales. En redes sociales, ha afirmado que Antifa utiliza “medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional” y ha pedido investigar a sus presuntos financiadores.
La administración Trump ha atribuido el aumento de la violencia en las protestas a grupos asociados con Antifa, especialmente desde el asesinato de George Floyd en 2020. Un decreto reciente instruye a las agencias federales a utilizar todas las herramientas disponibles para investigar y desmantelar operaciones ilegales atribuidas a simpatizantes de Antifa.
Si bien la literatura de Antifa promueve tanto protestas legales como acciones más beligerantes, incluyendo la vigilancia de grupos supremacistas blancos, la respuesta federal ha suscitado preocupaciones sobre la extralimitación y la violación de derechos constitucionales. Las recientes tensiones en Portland y otras ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Chicago y Memphis han intensificado el debate sobre el despliegue de fuerzas federales.
Gobernadores demócratas han criticado el despliegue, calificándolo como una muestra de poder y cuestionando su legalidad. La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, ha manifestado su negativa a cooperar con el ICE. Ante la falta de claridad sobre los límites de las operaciones federales, líderes estatales y locales han manifestado su intención de recurrir a los tribunales para impedir lo que consideran una extralimitación federal.
La Ley Posse Comitatus, una ley federal de 1878, prohíbe el uso de fuerzas militares para fines de seguridad interna, salvo en circunstancias excepcionales. La Guardia Nacional, que cuenta con equipo militar pero actúa como apoyo a unidades convencionales, se ha utilizado en el pasado, pero el despliegue de tropas federales en Portland ha generado interrogantes sobre el cumplimiento de esta ley y los límites del poder presidencial.
