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La administración Trump está evaluando activamente diversas opciones para una posible acción militar en Venezuela, que incluyen desde ataques directos a unidades militares leales a Nicolás Maduro hasta la toma de control de los estratégicos campos petroleros del país, según fuentes oficiales estadounidenses. Sin embargo, el presidente Trump aún no ha tomado una decisión final sobre si proceder o cómo hacerlo, mostrando cautela ante operaciones que puedan poner en riesgo a las tropas estadounidenses o resultar en un fracaso.
A pesar de las reservas del presidente, varios de sus asesores principales están presionando a favor de una postura más agresiva que busque sacar a Maduro del poder. Estos asesores han solicitado al Departamento de Justicia un análisis legal que justifique una acción militar más allá de los actuales ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico, una campaña que la administración defiende sin aportar pruebas concluyentes. Esta justificación legal podría incluir la autorización para atacar directamente a Maduro, sin necesidad de la aprobación del Congreso para el uso de la fuerza militar, ni una declaración de guerra formal.
Se espera que el Departamento de Justicia argumente que Maduro y sus principales colaboradores de seguridad son figuras centrales en el Cartel de los Soles, designado por la administración como un grupo narcoterrorista. Esta designación, según esta línea de argumentación, convertiría a Maduro en un objetivo legítimo, a pesar de las prohibiciones legales estadounidenses contra el asesinato de líderes nacionales. El Departamento de Justicia ha declinado hacer comentarios al respecto.
Un posible intento de derrocar a Maduro intensificaría el escrutinio sobre la justificación legal presentada por la administración, especialmente dado el conjunto de argumentos contradictorios que ha utilizado hasta ahora, incluyendo el narcotráfico, la necesidad de asegurar el acceso estadounidense al petróleo y las acusaciones de que el gobierno venezolano liberó presos para enviarlos a Estados Unidos.
En las últimas semanas, Trump ha insinuado una posible expansión de los ataques a lanchas rápidas en el Caribe y el Pacífico oriental hacia ataques terrestres. Sin embargo, cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de una guerra con Venezuela, Trump respondió con ambigüedad: «Lo dudo. No lo creo, pero nos han tratado muy mal, no solo en lo relacionado con las drogas».
El secretario de Estado, Marco Rubio, quien también se desempeña como asesor de Seguridad Nacional interino, y Stephen Miller, vicejefe de gabinete de Trump, son algunos de los principales defensores de una acción más agresiva contra Maduro. Sin embargo, asesores señalan que Trump ha expresado repetidamente sus reservas, en parte por temor a que la operación pueda fracasar. El presidente también ha cuestionado qué podría obtener Estados Unidos a cambio, mostrando un interés particular en extraer valor del petróleo venezolano para beneficio estadounidense.
La Casa Blanca, a través de su portavoz Anna Kelly, ha declarado que Trump ha sido claro en su mensaje a Maduro: «deje de enviar drogas y criminales a nuestro país».
La llegada del Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y moderno de Estados Unidos, al Caribe a mediados de este mes podría ser un factor determinante en la decisión final de Trump. El portaaviones transporta alrededor de 5.000 marineros y más de 75 aeronaves de ataque, vigilancia y apoyo. Además, se ha producido un incremento constante de tropas estadounidenses en la región desde finales de agosto, con aproximadamente 10.000 efectivos militares ya desplegados en el Caribe.
El Pentágono también ha enviado bombarderos B-52 y B-1 para realizar vuelos cerca de la costa venezolana, en lo que funcionarios militares describen como una demostración de fuerza. El despliegue militar, rápido y público, parece formar parte de una campaña de presión psicológica contra Maduro.
Si Trump finalmente ordena la intervención en Venezuela, asumiría riesgos militares, legales y políticos considerables. A diferencia de los ataques selectivos, esta operación implicaría un esfuerzo directo para derrocar al gobierno venezolano, sin garantía de éxito ni de que surja un nuevo gobierno favorable a Estados Unidos.
Las propuestas militares sobre la mesa se agrupan en tres categorías: ataques aéreos contra instalaciones militares, el envío de fuerzas de Operaciones Especiales para capturar o matar a Maduro, y un plan más complejo para tomar el control de pistas aéreas y yacimientos petroleros. Trump se ha mostrado reacio a considerar ataques que puedan poner en riesgo a tropas estadounidenses, favoreciendo opciones que empleen drones navales y armas de largo alcance.
La administración Trump se enfrenta a un dilema con respecto al petróleo venezolano. Aunque Trump ha duplicado la recompensa por Maduro y lo ha calificado de narcoterrorista, ha mantenido una licencia para que Chevron, una empresa petrolera estadounidense, continúe operando en el país, proporcionando un apoyo a la economía de Maduro.
Maduro ha intentado ofrecer a Trump concesiones petroleras, incluyendo una participación dominante en el petróleo de Venezuela y otros recursos minerales, pero Trump rechazó la oferta. Si el gobierno de Maduro cae, Chevron sería la compañía mejor posicionada para beneficiarse de un auge de inversión en las reservas petroleras del país.
Mientras los asesores de Trump presionan por una opción militar agresiva, los abogados del Departamento de Justicia trabajan para desarrollar un análisis legal que justifique las opciones militares que se están considerando. La administración busca una justificación legal que le permita actuar sin la aprobación del Congreso, argumentando que la operación contra Maduro no alcanzaría el nivel de una guerra a efectos constitucionales.
