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El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido objeto de controversia tras la reciente orden del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que le exige el uso de una tobillera de rastreo. Esta medida, calificada por Bolsonaro como una «humillación suprema», se produce en medio de una investigación en curso por presunto intento de golpe de Estado para anular los resultados de las elecciones de 2022, donde fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión del STF implica restricciones significativas para Bolsonaro. Además del uso de la tobillera electrónica, se le prohíbe salir de su domicilio durante la noche, comunicarse con embajadores y diplomáticos extranjeros, y acercarse a embajadas. Asimismo, tiene vetado el uso de redes sociales y el contacto con otros individuos que están siendo investigados por el STF, incluyendo a su hijo, Eduardo Bolsonaro, un legislador brasileño conocido por sus vínculos con el expresidente estadounidense Donald Trump.
Agentes de la policía federal llevaron a cabo registros en la residencia de Bolsonaro y en la sede de su partido en Brasilia, cumpliendo con la orden del STF. Estas acciones forman parte de una segunda investigación contra Eduardo Bolsonaro, quien supuestamente colaboró con autoridades estadounidenses para imponer sanciones contra funcionarios brasileños.
El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, acusó a Bolsonaro y a su hijo de «confesiones flagrantes de conducta criminal», incluyendo coerción durante procedimientos legales, obstrucción de investigaciones y ataques a la soberanía nacional. Eduardo Bolsonaro respondió a través de la red social X, criticando la orden del juez. Su hermano, el senador Flávio Bolsonaro, también expresó su descontento, calificando la prohibición de comunicación entre padre e hijo como un símbolo del odio que consume a Alexandre de Moraes.
La situación ha generado diversas reacciones en el ámbito político brasileño. Sóstenes Cavalcante, líder del partido de Bolsonaro en la cámara baja, describió la operación como «otro capítulo en la persecución de conservadores y figuras de derecha» en Brasil. Mientras tanto, el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, afirmó en un informe al STF que existen pruebas claras de que Bolsonaro actuó sistemáticamente para incitar a la insurrección y desestabilizar el estado de derecho democrático.
El expresidente Bolsonaro ha denunciado el juicio como una «cacería de brujas», un término que también utilizó Donald Trump al defender a su aliado sudamericano. Trump incluso impuso un arancel de importación del 50% a Brasil, vinculando directamente los gravámenes al juicio de Bolsonaro. Esta medida ha sido criticada por algunos jueces del STF, quienes han declarado que no afectará el curso del juicio.
El caso contra Bolsonaro se espera que se reanude entre agosto y septiembre. La situación sigue siendo tensa en Brasil, con acusaciones de persecución política y preocupaciones sobre la integridad del proceso judicial. La orden de la tobillera de rastreo ha intensificado el debate y ha generado interrogantes sobre el futuro político de Jair Bolsonaro.
