En un giro que ha sacudido los cimientos de la política argentina, el presidente Javier Milei ha tomado una decisión audaz y controvertida: disolver el Ministerio de la Mujer. Esta medida, anunciada el 6 de junio de 2024, ha desatado un acalorado debate sobre las prioridades del gobierno y el futuro de la lucha contra la violencia de género en el país.
El gobierno justifica esta acción como parte de su promesa de «achicar el Estado» y eliminar lo que considera «organismos politizados». Según el Ministerio de Justicia, el ahora extinto Ministerio de la Mujer era utilizado por la administración anterior «con fines políticos-partidarios» y para «propagar una agenda ideológica», sin lograr reducir el alarmante índice de feminicidios.
La auditoría interna reveló una «superposición de funciones» con otras agencias gubernamentales, lo que, según Milei, implicaba un gasto innecesario en «estructuras y más de ochocientos empleados». Este argumento de eficiencia económica se alinea con la política ultraliberal de Milei, pero ha levantado serias preocupaciones entre activistas y organizaciones de derechos humanos.
Argentina, un país donde cada 35 horas una mujer pierde la vida debido a la violencia machista, se enfrenta ahora a un dilema crucial. ¿Realmente era el Ministerio de la Mujer un obstáculo para combatir la violencia de género, o este cierre representa un retroceso en la lucha por la igualdad y la seguridad de las mujeres?
La renuncia de Claudia Barcia, titular de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, añade más tensión al debate. Su salida parece ser un claro mensaje de desacuerdo con la dirección del gobierno en este ámbito.
En este momento crítico, es fundamental que el gobierno de Milei demuestre que su compromiso con la «eficiencia» no viene a costa de la protección de los derechos y la vida de las mujeres argentinas. La sociedad y el mundo estarán observando de cerca cómo se desarrolla esta polémica decisión.