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La aerolínea Plus Ultra, una compañía marcada por una historia de pérdidas financieras desde su fundación en 2011, vuelve a ser el centro de un escándalo tras la detención de sus máximos responsables por un presunto delito de blanqueo de capitales.
La operación se centra en la gestión del rescate de 53 millones de euros que la aerolínea recibió del Estado español en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (SEPI).
Detenciones y Acusación de la Fiscalía
La Policía Nacional detuvo este jueves al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al consejero delegado, Roberto Roselli, en respuesta a una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2024.
La acusación principal sostiene que los fondos públicos destinados al rescate de la aerolínea habrían sido utilizados para saldar préstamos canalizados hacia cuentas extranjeras pertenecientes a una supuesta organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
Una Historia de Números Rojos y Vínculos Polémicos
Plus Ultra inició sus operaciones de vuelos de largo recorrido en 2016, con rutas entre Madrid y ciudades latinoamericanas como Bogotá, Caracas y Lima. Sin embargo, la compañía nunca logró alcanzar la rentabilidad, sobreviviendo gracias a inyecciones periódicas de capital que alteraron su estructura accionarial.
Actualmente, la mayoría del capital social (56.8%) está en manos de dos sociedades vinculadas a empresarios venezolanos: Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y el propio Roberto Roselli Mieles.
Una de las primeras controversias que rodeó a Plus Ultra fue la presunta relación de estos accionistas con Panacorp, un banco panameño —país considerado por España como paraíso fiscal y conocido por su opacidad— que asistió a la aerolínea para evitar la quiebra antes de la pandemia.
El Rescate de la SEPI en la Mirada Política
El rescate estatal de 53 millones de euros, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021, se justificó por el supuesto carácter “estratégico” de Plus Ultra para las conexiones aéreas internacionales.
La ayuda se dividió en un préstamo ordinario de 19 millones y uno participativo de 34 millones. No obstante, la operación fue objeto de una fuerte polémica política en España, donde diversos partidos cuestionaron la legalidad de la ayuda, basándose en la minoritaria cuota de mercado de la aerolínea y sus vínculos con sociedades radicadas en Panamá y accionistas venezolanos.
La defensa de la aerolínea, representada en su momento por el antiguo presidente Fernando García Manso, afirmó que la ayuda era la «mínima imprescindible» y que Plus Ultra era la «única alternativa» en algunas rutas, buscando evitar un monopolio aéreo. Sin embargo, la nueva investigación de la Fiscalía Anticorrupción apunta ahora a un uso indebido de esos recursos públicos para fines ilícitos.
