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Nicolás Maduro ha desplegado una extensa y costosa campaña propagandística en respuesta al aumento de la recompensa ofrecida por Estados Unidos por su captura. La administración de Nicolás Maduro, según fuentes internas, ha destinado millones de dólares a una campaña de propaganda masiva para contrarrestar el efecto del incremento a 50 millones de dólares en la recompensa ofrecida por Estados Unidos por información que conduzca a su captura. Esta campaña incluye afiches, mensajes en medios, concentraciones públicas y artículos promocionales, incluso camisetas, todo diseñado para socavar la credibilidad de la fiscal estadounidense Pamela Bondi, responsable del anuncio.
Maduro se ha presentado públicamente junto a figuras clave de su gobierno, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y Diosdado Cabello, buscando proyectar una imagen de respaldo y control. La estrategia comunicacional se centra en desacreditar la decisión de la fiscalía estadounidense, vinculándola con supuestas operaciones conspirativas orquestadas por la oposición venezolana.
En paralelo, el régimen ha intensificado su presencia en redes sociales y medios de comunicación, utilizando cuentas de ‘laboratorios’ mediáticos y movilizando a dirigentes chavistas para difundir mensajes de apoyo a Maduro en plataformas como WhatsApp, X, Instagram, TikTok y Facebook. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), GJ Domingo Antonio Hernández Lárez, ha sido un difusor clave de videos pregrabados por jefes militares, siguiendo un guion previamente establecido.
La vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez ha intentado desviar la atención pública, reactivando la disputa territorial sobre el Esequibo y rechazando la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este asunto. Mientras tanto, se han incrementado las detenciones de activistas políticos y sociales, incluyendo el ex comisario de la DISIP, Omar Vázquez Lagonel, y la activista de derechos humanos, Martha Lía Grajales. Estas acciones han sido interpretadas como una forma de reprimir la disidencia y prevenir protestas. La ONU ha exigido la liberación inmediata de Grajales, sumándose a la presión internacional sobre el régimen venezolano.
Además, se ha denunciado la persecución contra familiares de presos políticos, como las hermanas Baduel, quienes han sufrido hostigamiento y restricciones de visitas a su hermano Josnars Baduel, detenido en la cárcel Rodeo I. Organizaciones de derechos humanos han solicitado protección urgente para las hermanas Baduel ante el aumento de la persecución y el acoso. La situación en Venezuela continúa generando preocupación a nivel internacional, con denuncias de violaciones a los derechos humanos y represión política.
