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En una decisión unánime que promete sacudir los cimientos de la sociedad israelí, el Tribunal Supremo ha dictaminado el fin de la exención militar para los estudiantes de seminarios judíos ultraortodoxos. Esta histórica resolución, tomada en medio de la guerra en Gaza, podría tener profundas implicaciones tanto para la seguridad nacional como para la política interna de Israel.
La sentencia responde a una larga controversia en el país, donde la mayoría de los judíos están obligados a cumplir el servicio militar, mientras que los ultraortodoxos que estudian en yeshivot (centros de estudio de la Torá) han gozado de una exención. Los nueve magistrados del Tribunal argumentaron que «en medio de una guerra agotadora, la carga de la desigualdad es más dura que nunca y exige una solución».
Esta decisión podría llevar al reclutamiento de miles de hombres ultraortodoxos, una comunidad que representa aproximadamente el 12% de la población israelí. Además, el tribunal ha ordenado congelar la financiación pública de los seminarios judíos cuyos estudiantes evadan el servicio militar obligatorio.
La resolución plantea un serio desafío político para el primer ministro Benjamin Netanyahu, cuyo gobierno depende en gran medida del apoyo de los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá (JUT). Estos partidos, que ocupan 18 escaños en el parlamento, han amenazado con abandonar la coalición si la medida se implementa, lo que podría desencadenar el colapso del gobierno y nuevas elecciones.
Los líderes de los partidos ultraortodoxos han expresado su firme oposición a la decisión. Moshe Gafni, del JUT, declaró que «no hay un solo juez allí que entienda el valor del estudio de la Torá», mientras que Aryeh Deri, del Shas, afirmó que «no hay poder en el mundo que pueda impedir que el pueblo de Israel estudie la Torá».
Esta decisión llega en un momento crítico para Israel, con líderes militares quejándose de una escasez de soldados y solicitando un reparto más equitativo de la carga en seguridad. El fallo del Tribunal Supremo promete ser un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la comunidad ultraortodoxa, con potenciales repercusiones de gran alcance para la sociedad israelí en su conjunto.
