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En un movimiento que sacude las relaciones bilaterales, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha incluido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista Clinton, una designación que implica serias acusaciones de vínculos con el narcotráfico. La decisión, anunciada recientemente, también afecta a la esposa de Petro, Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos, y al Ministro del Interior, Armando Benedetti.
La Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La inclusión en esta lista conlleva significativas sanciones financieras y legales, limitando la capacidad de las personas y entidades designadas para realizar transacciones comerciales y financieras con ciudadanos y empresas estadounidenses.
Según fuentes dentro del gobierno estadounidense, la decisión de sancionar a Petro se basa en investigaciones que sugieren que su ascenso al poder fue facilitado por el apoyo de organizaciones dedicadas al narcotráfico. El senador Bernie Moreno ya había adelantado esta posibilidad en una entrevista con Fox News, afirmando que se acelerarían las investigaciones sobre los presuntos vínculos del presidente colombiano con carteles de la droga.
La medida se fundamenta en la Orden Ejecutiva 14059, que apunta a individuos extranjeros involucrados en el tráfico ilícito mundial de drogas. Esta acción refleja las crecientes tensiones entre la administración Trump y el gobierno de Petro en relación con las estrategias para combatir el narcotráfico.
Mientras que el gobierno estadounidense ha priorizado una ofensiva directa contra las organizaciones criminales, Petro ha optado por un enfoque que combina la incautación de drogas con la sustitución de cultivos ilícitos. Esta divergencia en las estrategias ha generado fricciones, especialmente en un contexto donde Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína. Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) revelan que en 2023, Colombia contaba con 253.000 hectáreas de cultivos de coca, representando dos tercios del total global. Ese mismo año, la producción de cocaína en el país alcanzó las 2.600 toneladas.
Además de las preocupaciones sobre el narcotráfico, el gobierno estadounidense ha expresado su inquietud por la política de Paz Total de Petro, que busca negociar con diversos grupos armados y estructuras criminales. Washington teme que esta política pueda otorgar beneficios indebidos a organizaciones narcoterroristas. También ha criticado el apoyo de Petro al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, señalado de liderar el Cartel de los Soles, una organización narcotraficante venezolana.
Ante la inminente inclusión en la Lista Clinton, el presidente Petro había anticipado que las acusaciones carecían de fundamento, defendiendo su trayectoria y su compromiso con la justicia. Sin embargo, la decisión de Estados Unidos marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y otros desafíos regionales.
La noticia ha generado reacciones encontradas en Colombia, con la oposición celebrando la medida como una consecuencia de las políticas del gobierno de Petro, mientras que sus aliados denuncian una injerencia extranjera en los asuntos internos del país. El impacto de estas sanciones en la economía colombiana y en la estabilidad política del país aún está por verse.
