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Un giro político: El anuncio de Delcy Rodríguez
En un movimiento que busca redefinir el panorama político del país, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este jueves una propuesta de ley de amnistía general. Durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rodríguez destacó que esta medida tiene como fin principal sanar las fracturas sociales acumuladas durante décadas de confrontación.
Este anuncio ocurre pocas semanas después de que Delcy Rodríguez asumiera el mando interino tras la captura y salida del poder de Nicolás Maduro. Según la mandataria, la ley busca abarcar todos los eventos de violencia política registrados desde 1999 hasta la actualidad, enviando un mensaje de reconciliación nacional.
El alcance de la ley propuesta por Delcy Rodríguez
La normativa, que será presentada con carácter de urgencia ante la Asamblea Nacional, pretende «reencauzar la convivencia entre los venezolanos». Sin embargo, la propuesta establece límites claros para garantizar la justicia en casos sensibles.
Exclusiones clave en el texto legal
A pesar de la amplitud de la medida, Delcy Rodríguez fue enfática al señalar que no habrá impunidad para ciertos delitos. Quedan explícitamente excluidos de este beneficio:
* Personas procesadas o condenadas por homicidio.
* Casos vinculados al tráfico de drogas y corrupción.
* Responsables de violaciones graves a los derechos humanos.
El fin de El Helicoide como centro de reclusión
Uno de los puntos más impactantes del discurso fue la orden de clausura inmediata de El Helicoide. Esta edificación, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ha sido denunciada durante años por organismos internacionales como un centro de torturas y detenciones arbitrarias.
La visión de Delcy Rodríguez para este espacio es radicalmente distinta: se transformará en un centro social, deportivo, cultural y comercial. El objetivo es que la estructura pase de ser un símbolo de represión a un lugar de encuentro para la familia policial y las comunidades vecinas de Caracas.
Cifras y reacciones de la sociedad civil
La respuesta de las organizaciones de derechos humanos ha sido de cautela. Aunque celebran la intención, exigen que la amnistía sea un derecho y no un acto de clemencia. Según datos de Foro Penal, Venezuela aún mantiene a 711 personas detenidas por motivos políticos, a pesar de que bajo la gestión de Delcy Rodríguez ya se han ejecutado 302 liberaciones.
Organizaciones como Provea y Surgentes subrayan la necesidad de que el proceso sea transparente y que la Asamblea Nacional discuta el texto con la participación de las víctimas, asegurando que la reconciliación no signifique el olvido de los derechos fundamentales.
