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El compromiso de Panamá con el sistema interamericano
El Gobierno de Panamá, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, ha reafirmado su postura inquebrantable en defensa de la democracia y la legitimidad en el hemisferio. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la embajadora Ana Irene Delgado expuso la necesidad urgente de una salida pacífica para la crisis en Venezuela. Esta intervención se alinea con el mensaje presentado recientemente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, consolidando una política exterior coherente y firme.
La posición panameña se fundamenta en el respeto irrestricto al derecho internacional y a los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana. Panamá sostiene que cualquier solución debe basarse en la voluntad popular expresada por los ciudadanos venezolanos en las urnas el pasado mes de julio de 2024. Ignorar estos resultados no solo socava la soberanía de ese país, sino que también debilita los cimientos democráticos de toda la región.
Una crisis que trasciende las fronteras venezolanas
Para Panamá, la situación en Venezuela no es un asunto interno aislado, sino un fenómeno cuyos efectos impactan directamente la paz y la estabilidad hemisférica. La erosión sostenida de la institucionalidad y el cierre de espacios políticos han generado una crisis multidimensional que afecta la seguridad de las naciones vecinas. La embajadora Delgado enfatizó que el vaciamiento de las instituciones y el uso de prácticas represivas han conducido a un desenlace lamentable que la comunidad internacional no puede ignorar.
Uno de los puntos más críticos señalados por la delegación panameña es el éxodo masivo de ciudadanos. Millones de personas se han visto forzadas a abandonar su hogar, generando una presión migratoria sin precedentes en la región. Panamá, como país de tránsito y receptor, reconoce que esta crisis humanitaria requiere una respuesta coordinada y una solución política de raíz que permita el retorno de la institucionalidad a Venezuela.
La urgencia de liberar a los presos políticos
Dentro del marco de los derechos humanos, Panamá calificó como indispensable la liberación inmediata de todos los detenidos políticos. Se hizo especial énfasis en el caso de Olmedo Núñez, un ciudadano panameño privado de su libertad sin cargos formales ni debido proceso. Esta situación representa una violación directa a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y activa la responsabilidad internacional del Estado venezolano frente a la República de Panamá.
Finalmente, la representación panameña reiteró que no reconocerá a un régimen de carácter autoritario. La propuesta de Panamá es clara: una transición liderada por los propios venezolanos, con el acompañamiento de mecanismos internacionales como la OEA, que garantice elecciones libres como única fuente de legitimidad. Normalizar el autoritarismo equivaldría a legitimar un fraude que la región no puede permitirse.
