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Estados Unidos se enfrenta a un nuevo período de incertidumbre tras el cierre del gobierno federal, luego de que el Presidente Donald Trump y el Congreso no lograran alcanzar un acuerdo para mantener operativos los programas y servicios gubernamentales. La falta de consenso antes de la fecha límite del miércoles ha generado preocupación y posibles consecuencias económicas a nivel nacional.
Se estima que aproximadamente 750,000 empleados federales serán suspendidos de sus labores, con la posibilidad de despidos definitivos para algunos. El cierre implica la paralización de numerosas oficinas gubernamentales y, según declaraciones del Presidente Trump, podría haber medidas irreversibles con repercusiones negativas. Se anticipa que la agenda de deportaciones continuará, mientras que servicios esenciales como educación y medio ambiente se verán afectados.
«No queremos que esto cierre», declaró el Presidente Trump desde la Casa Blanca, poco antes de la medianoche. A pesar de sus reuniones con los líderes legislativos, no se logró un pacto entre Demócratas y Republicanos para evitar el cierre. Este es el tercer cierre de gobierno durante la administración Trump, marcando un récord notable que refleja la profunda división sobre las prioridades presupuestarias y un clima político polarizado.
Los Demócratas han tomado una postura firme, exigiendo financiamiento para los subsidios de salud que benefician a millones de personas a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Argumentan que la falta de financiamiento aumentaría los costos de las primas de seguros a nivel nacional. Los Republicanos se han mostrado reacios a negociar y han instado al Presidente Trump a mantenerse alejado de las conversaciones.
Tras una reunión en la Casa Blanca, el Presidente Trump publicó un video satírico que ridiculizaba a los líderes Demócratas, lo que fue ampliamente criticado como inapropiado y divisivo. Ninguna de las partes ha logrado encontrar una solución para evitar lo que podría convertirse en un cierre prolongado, con ramificaciones que afectarían a los ciudadanos que dependen de los servicios gubernamentales, los pagos de prestaciones y los contratos de trabajo.
Rachel Snyderman, ex funcionaria de presupuesto de la Casa Blanca y directora gerente de política económica en el Bipartisan Policy Center, destacó que la forma en que el gobierno asigna los recursos refleja las prioridades del país. Los cierres, según Snyderman, generan costos económicos, incertidumbre y temor en todo el país.
Se prevé que el impacto económico se extienda a nivel nacional. La publicación del informe mensual de empleos podría verse comprometida. Aunque los mercados financieros han tendido a minimizar los cierres anteriores, el análisis de Goldman Sachs sugiere que esta situación podría ser diferente debido a la falta de señales de negociación y a la ausencia de precedentes claros.
La Oficina de Administración y Presupuesto, bajo la dirección de Russ Vought, ha instado a las agencias a prepararse no solo para las suspensiones habituales, sino también para posibles despidos masivos de empleados federales, en línea con el objetivo de reducir el tamaño del gobierno federal.
Los programas de salud Medicare y Medicaid continuarán operando, aunque la falta de personal podría causar retrasos en algunos servicios. El Pentágono mantendrá sus operaciones. Sin embargo, el Presidente Trump ha advertido que el gobierno podría enfocarse en programas de interés para los Demócratas, implementando recortes que afecten sus prioridades.
Mientras las agencias determinan qué trabajadores son esenciales, se espera que los museos Smithsonian permanezcan abiertos al menos hasta el lunes. Un grupo de ex superintendentes de parques nacionales ha instado al gobierno a cerrar los parques a los visitantes, argumentando que la falta de personal en un cierre pone en riesgo la seguridad pública y los recursos naturales.
Antes del inicio del año fiscal, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de financiamiento temporal, con la oposición de los Demócratas, para mantener el gobierno en funcionamiento hasta mediados de noviembre. Sin embargo, el proyecto de ley no ha logrado ser aprobado en el Senado, donde se requiere un umbral de 60 votos, lo que exige cooperación bipartidista. Un proyecto de ley Demócrata también fracasó.
Con una mayoría Republicana de 53-47, los Demócratas están utilizando sus votos para exigir negociaciones. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha indicado que los Republicanos están dispuestos a discutir el tema de la salud, pero no como parte de las conversaciones para mantener el gobierno abierto.
El enfrentamiento representa una prueba política para el líder Demócrata del Senado, Chuck Schumer, presionado por una base de votantes de izquierda que exigen una postura firme en las demandas de financiamiento para la salud. El Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha culpado a los Demócratas por el cierre.
Durante su reunión con los líderes del Congreso, el Presidente Trump expresó sorpresa por el aumento de los costos de salud, pero los Demócratas se retiraron sin un camino claro hacia las negociaciones. Durante su primer mandato, Estados Unidos experimentó el cierre de gobierno más largo de su historia, con una duración de 35 días, debido a las demandas de financiamiento para la construcción del muro fronterizo con México. En 2013, el gobierno cerró durante 16 días durante la presidencia de Obama debido a las demandas Republicanas de derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
