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La transición energética es un desafío global que Panamá está abordando con determinación. Con un costo estimado de 9 billones de dólares para implementar esta transformación hacia fuentes de energía más sostenibles, el país se encuentra en un momento crucial de su desarrollo. Este monto representa el 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB) y se espera que genere un ahorro adicional de 7 billones de dólares.
La Secretaría de Energía (SNE), a través de la secretaria Rosilena Lindo Riggs, ha destacado la importancia de esta transición y la necesidad de inversiones tanto del sector público como del privado. Actualmente, el mercado eléctrico nacional tiene un valor de 6 billones de dólares, pero se requiere una inversión adicional de 4.4 billones para lograr las metas propuestas.
El Consejo Nacional de Transición Energética (CONTE) ha desempeñado un papel fundamental como instancia de asesoría y consulta en este proceso. En la reciente reunión del CONTE, se presentaron los avances en el desarrollo e implementación de las estrategias y hojas de ruta de la Agenda de Transición Energética (ATE) de Panamá.
La ATE tiene como prioridad la innovación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), el acceso universal a la energía, el uso racional y eficiente de la energía, la generación distribuida, la movilidad eléctrica y la comunicación, entre otros aspectos. Desde la aprobación de los Lineamientos Estratégicos de la ATE en noviembre de 2020, Panamá ha avanzado en cerca del 40% de cumplimiento de las 242 líneas de acción previstas para el 2030.
Uno de los aspectos destacados por la consultora RJW Consulting es la relevancia que los candidatos presidenciales han dado a la Agenda de Transición Energética en sus planes de gobierno. Todos reconocen la importancia de esta agenda y centran su atención en el sector eléctrico y en la descarbonización de la matriz energética.
RJW Consulting también sugiere que la industria, especialmente la de hidrocarburos, se agremie y se alinee en torno a una narrativa propositiva frente a los desafíos de la Transición Energética. Esto permitirá coadyuvar a las autoridades y órganos reguladores en la definición e implantación de políticas públicas energéticas sostenibles.
Para los próximos cinco años, se estima la generación de más de 15,600 empleos en temas de transición energética, con un enfoque de género. La ATE también busca contribuir al incremento de capacidades en la juventud y en las mujeres, para lograr una transición más justa e inclusiva.
