Ciudad de Panamá, 16 de julio de 2024 – Panamá se enfrenta a una serie de demandas de arbitraje internacional que suman hasta $57 mil millones, principalmente relacionadas con proyectos mineros. Estas demandas provienen de diversas empresas internacionales que buscan compensaciones multimillonarias debido a conflictos y cancelaciones de contratos en el país.
Principales Demandas de Arbitraje
La empresa minera canadiense First Quantum ha iniciado un arbitraje internacional contra Panamá, exigiendo $30 mil millones ante la Cámara de Comercio Internacional en París. Además, la compañía ha amenazado con recurrir a otro arbitraje por $20 mil millones bajo el tratado de libre comercio (TLC) entre Canadá y Panamá.
Otra empresa canadiense, Franco-Nevada, enfocada en acuerdos de producción futura y regalías, exige $5 mil millones en compensación también en el marco del TLC de Canadá y Panamá. Esta cifra se suma a la lista de demandas que buscan resolver conflictos surgidos en el sector minero.
La minera estatal surcoreana Komir solicita $2 mil millones por su participación del 10% en una mina panameña, en un arbitraje bajo el TLC de Panamá y Corea del Sur. Por otro lado, el proveedor de maquinaria Liebherr reclama $133 millones bajo el acuerdo bilateral de inversión entre Francia y Panamá.
En mayo, Petaquilla Minerals presentó un recurso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, solicitando $2.8 mil millones por la cancelación de su concesión del proyecto aurífero Molejón. Asimismo, el productor canadiense de oro Orla Mining Ltd. anunció que había iniciado un proceso de arbitraje contra Panamá tras el rechazo del permiso de explotación para la mina aurífera Cerro Quema, solicitando una indemnización de al menos $400 millones.
Demandas Relacionadas con la Ampliación del Canal de Panamá
Además de las demandas mineras, Panamá enfrenta demandas de arbitraje multimillonarias ante el Ciadi, interpuestas por las contratistas de construcción WeBuild y Sacyr en relación con trabajos para la ampliación del canal de Panamá. Estas demandas reflejan los complejos desafíos legales y financieros que enfrenta el país en sus proyectos de infraestructura.
Estas demandas resaltan la necesidad de una gestión más efectiva y transparente de los contratos y proyectos en Panamá. El gobierno y las empresas deben trabajar juntos para encontrar soluciones que protejan los intereses del país mientras se mantienen relaciones comerciales justas y equitativas con las empresas internacionales. La resolución de estos conflictos será crucial para el desarrollo económico y la estabilidad jurídica de Panamá en los próximos años.