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Más de 228 millones de dólares del Estado panameño vuelven a quedar en manos de una constructora que ha estado rodeada de controversias en la región. El Ministerio de Obras Públicas dio inicio a los trabajos de evaluación técnica para la ampliación del Corredor de las Playas, un proyecto que promete transformar la movilidad entre La Chorrera y Chame, pero que también abre un inevitable debate público.
La obra, que supera los 228 millones de dólares, contempla la ampliación de cuatro a seis carriles, nuevos intercambiadores, retornos, mejoras estructurales y adecuaciones viales a lo largo de aproximadamente 20 kilómetros. Se trata de una intervención estratégica para el desarrollo turístico y residencial del sector oeste, una zona que ha crecido aceleradamente en los últimos años y que exige soluciones reales a los congestionamientos crónicos.
Sin embargo, el foco no está solo en el concreto y el asfalto.
El contrato fue adjudicado a Constructora MECO, empresa que en el pasado ha estado señalada en distintos escándalos de presunta corrupción en Centroamérica. Su nombre ha sido vinculado a investigaciones judiciales de alto perfil en la región, y aunque cada caso tiene su propio curso legal, el historial genera cuestionamientos inevitables cuando se trata de millonarios contratos públicos.
En Panamá, el recuerdo del caso Odebrecht sigue fresco. La ciudadanía aún paga las consecuencias de sobrecostos, sobornos y obras marcadas por la desconfianza. Cada nuevo contrato de gran magnitud revive esa herida institucional que dejó al descubierto fallas profundas en los mecanismos de control y transparencia del Estado.
La pregunta que muchos se hacen no es si la obra es necesaria —porque lo es—, sino si los procesos de fiscalización serán lo suficientemente rigurosos para evitar repetir errores del pasado.
El inicio de los trabajos incluye cierres parciales y ajustes en la circulación, mientras avanzan las evaluaciones técnicas previas a la ejecución plena del proyecto. Las autoridades aseguran que habrá supervisión y cumplimiento estricto de los términos contractuales.
Pero en un país donde las grandes obras han estado históricamente bajo la lupa, el debate no se apaga con comunicados oficiales.
El Corredor de las Playas podría convertirse en símbolo de modernización y progreso… o en un nuevo capítulo de controversia si no se manejan con absoluta transparencia cada dólar y cada metro construido.
Más de 200 millones están en juego. Y la confianza pública también.
