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En las últimas dos décadas, China se ha posicionado como un inversor global de gran envergadura, adquiriendo empresas estratégicas en Occidente y generando preocupaciones sobre la seguridad nacional. Este fenómeno, que involucra sectores clave como semiconductores y telecomunicaciones, ha provocado una reacción en países como Estados Unidos, que han endurecido sus leyes para proteger sus industrias estratégicas.
Un caso que ilustra esta tendencia es la adquisición, en 2015, de la aseguradora Wright USA por parte de Fosun Group, una empresa china con presuntos vínculos con el gobierno. Wright USA, especializada en seguros de responsabilidad civil para agentes del FBI y la CIA, tenía acceso a información personal sensible de funcionarios de inteligencia estadounidenses. La adquisición generó alarma en Washington, ya que se temía que esta información pudiera llegar a manos de la inteligencia china. Aunque la operación era legal, la interconexión entre las empresas y el gobierno en China planteaba un riesgo evidente.
La BBC tuvo acceso a datos que revelan cómo el estado chino ha financiado estas adquisiciones, destinando miles de millones de dólares a países ricos. Según AidData, un laboratorio de investigación especializado en el seguimiento del gasto público en el extranjero, China ha gastado US$2,1 billones fuera de sus fronteras desde el año 2000, distribuidos equitativamente entre países en desarrollo y países ricos. Este gasto, respaldado por bancos estatales chinos, ha permitido a empresas chinas adquirir activos en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Australia.
Estas inversiones no solo buscan rentabilidad económica, sino que también se alinean con los objetivos estratégicos de Pekín, definidos en iniciativas como «Made in China 2025». Este plan busca dominar diez industrias punteras, como la robótica, los vehículos eléctricos y los semiconductores, mediante la importación de tecnologías clave a través de inversiones en el extranjero.
La preocupación generada por estas inversiones ha llevado a países como Estados Unidos, Reino Unido y los Países Bajos a reforzar sus mecanismos de control de inversiones. Un ejemplo es el caso de Nexperia, una empresa de semiconductores de propiedad china en los Países Bajos. El gobierno holandés tomó el control de las operaciones de la empresa ante la preocupación de que su tecnología pudiera ser transferida a otras divisiones de Wingtech, la empresa matriz china.
A pesar de estas preocupaciones, algunos expertos advierten contra la demonización de las empresas chinas. Xioxue Martin, investigadora del Instituto Clingendael, señala que muchas empresas chinas solo buscan obtener beneficios y ser tratadas como cualquier otra empresa. Sin embargo, la geopolítica actual exige una política industrial más estricta y un mayor control de las inversiones, especialmente en sectores estratégicos.
Brad Parks, de AidData, señala que la carrera por dominar estos sectores estratégicos no ha terminado. Si bien China ha tomado la iniciativa, los países del G7 están pasando de la defensa al ataque, implementando medidas para proteger sus industrias y asegurar su competitividad en el futuro. La clave reside en encontrar un equilibrio entre la colaboración económica y la protección de la seguridad nacional, un desafío que definirá el panorama geopolítico de las próximas décadas.
