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La reciente decisión del presidente panameño, Laurentino Cortizo, de acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Minera Panamá, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros del país. Los bonos panameños, que ya se encontraban en una situación delicada, experimentaron una caída significativa, reflejando la incertidumbre y preocupación de los inversionistas.
En particular, los bonos en dólares de Panamá con vencimiento en 2036 sufrieron una disminución de hasta 8 centavos, llegando a 95.1 centavos de dólar, según la información proporcionada por el portal financiero Bloomberg. Este descenso en el precio de los bonos es considerado el primer impacto tangible de la salida de Minera Panamá, una subsidiaria de First Quantum Ltd, cuya operación representaba más del 1% de la producción mundial de cobre y contribuía significativamente al producto interno bruto (PIB) de Panamá.
La dependencia de Panamá de los mercados internacionales de capital se ha convertido en motivo de preocupación para los inversionistas, quienes, ante la incertidumbre de la situación económica del país, han optado por refugiarse en bonos más sólidos y seguros. La firma Barclays, según reportes de Bloomberg, ha aconsejado a sus clientes vender bonos soberanos panameños con vencimiento en 2028 y 2030.
El economista Rolando Gordón destaca que las expectativas apuntan a que Panamá pueda enfrentar dificultades para financiar su deuda externa debido a la pérdida de ingresos asociada con la salida de la mina. El temor de que el país pierda el grado de inversión ha llevado a inversionistas a vender bonos panameños, aun asumiendo pérdidas en el proceso.
El comportamiento de los bonos panameños a 2038 refleja un aumento en el interés al 6.875%, en comparación con el 3% de interés que presentaban hace apenas un mes. Este incremento en el interés indica la percepción de mayor riesgo por parte de los inversionistas.
Las agencias calificadoras, como JP Morgan, Barclays y Morgan Stanley, ya habían advertido sobre la posibilidad de que Panamá perdiera el grado de inversión, lo que afectaría la confianza de los inversionistas y las perspectivas de crecimiento económico a mediano plazo. La reciente decisión del presidente Cortizo de acatar el fallo judicial parece haber confirmado estos temores, generando una reacción negativa en los mercados financieros y dejando al país ante desafíos económicos significativos en los próximos meses.
