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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó este jueves que el cierre del año fiscal 2025 no será modificado, pero reveló que el gobierno ha implementado un proceso de «ordenamiento y fortalecimiento normativo» para transformar el sistema contable nacional.
En declaraciones a Radio Panamá, Chapman explicó que la reforma busca resolver uno de los problemas más recurrentes de las finanzas públicas: los retrasos en pagos a proveedores del Estado.
Nuevo modelo garantiza pagos dentro del ejercicio fiscal
«La medida busca garantizar que los proveedores reciban sus pagos dentro del mismo año fiscal, evitando los retrasos que en años anteriores llevaron a que muchos cobraran meses después», detalló el titular de Economía y Finanzas.
El sistema anterior generaba problemas significativos tanto para las arcas del Estado como para el sector privado, ya que los proveedores debían esperar hasta el siguiente ejercicio fiscal para recibir sus pagos, creando problemas de liquidez y planificación empresarial.
Optimización del sistema de pagos estatales
Chapman subrayó que el objetivo principal es «optimizar el sistema y lograr que la mayor cantidad posible de proveedores cobre sus cuentas en el plazo establecido.»
Esta reforma se enmarca en los esfuerzos del gobierno del presidente José Raúl Mulino por modernizar la gestión financiera del Estado y mejorar la relación con el sector privado que mantiene contratos gubernamentales.
Impacto en la economía nacional
El fortalecimiento del sistema de pagos estatales representa un cambio significativo en la administración pública panameña, donde históricamente los proveedores enfrentaban demoras que podían extenderse por varios meses.
La medida también refleja el compromiso del gobierno con la transparencia fiscal y el manejo eficiente de los recursos públicos, elementos clave en la actual política de contención del gasto público.
Continuidad del calendario fiscal
A pesar de las reformas internas, Chapman fue enfático en que no habrá modificaciones en las fechas del cierre fiscal, manteniendo la programación tradicional que permite una transición ordenada entre ejercicios contables.
Esta decisión brinda certeza tanto a las instituciones públicas como a los proveedores sobre los tiempos de ejecución presupuestaria y cierre de cuentas.
