Estados Unidos ha iniciado una investigación comercial contra Brasil por supuestas prácticas desleales que estarían afectando a empresas estadounidenses en la región. La decisión, anunciada por el representante comercial Jamieson Greer, se basa en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al Poder Ejecutivo tomar medidas unilaterales ante prácticas comerciales extranjeras consideradas injustas o discriminatorias.
La investigación se centra en varias áreas, incluyendo restricciones al comercio digital y represalias contra empresas estadounidenses de redes sociales. Un ejemplo citado indirectamente es la suspensión de la plataforma Rumble en Brasil, tras negarse a eliminar contenido considerado desinformación por las autoridades brasileñas. La administración estadounidense también cuestiona la estructura de aranceles preferenciales que Brasil otorga a ciertos socios comerciales, así como las políticas relacionadas con la protección de la propiedad intelectual, que consideran presentan «fallos significativos» en su aplicación y cumplimiento.
Otro punto de fricción es la supuesta «incapacidad» del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para hacer efectivas las normas anticorrupción y de transparencia comercial. En el sector energético, Estados Unidos critica el trato arancelario que recibe el etanol estadounidense, acusando a Brasil de eliminar concesiones anteriores y aplicar tarifas que no se extienden a otros exportadores. A nivel medioambiental, Washington acusa a Brasil de no aplicar eficazmente su legislación para frenar la deforestación ilegal, lo que afectaría la competitividad de los productores estadounidenses de madera y productos agrícolas.
Esta medida ocurre en un contexto de tensiones políticas entre ambos países. Recientemente, el expresidente Donald Trump denunció como una «caza de brujas» el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, vinculando esta situación con las decisiones arancelarias que Washington planea imponer a partir del 1 de agosto si no se alcanza un acuerdo. En 2024, el comercio bilateral entre Estados Unidos y Brasil alcanzó los 90.000 millones de dólares, con un superávit comercial de 7.400 millones de dólares para Washington.
Lula ha advertido que Brasil aplicará medidas recíprocas si Estados Unidos avanza con nuevos aranceles. El Ministerio de Exteriores de Brasil ha denunciado lo que considera una «injerencia» de Washington en sus asuntos internos, calificando las declaraciones del Departamento de Estado y de la Embajada estadounidense en Brasilia como «una nueva injerencia indebida e inaceptable». El gobierno brasileño acusa a Estados Unidos de «politizar erróneamente» el tema arancelario al vincularlo con el proceso judicial contra Bolsonaro.
Mientras tanto, las negociaciones arancelarias entre ambos países siguen abiertas, aunque el margen para una resolución diplomática parece estrecharse. La administración estadounidense considera que el respeto al libre comercio, la libertad de expresión y la no persecución política deben ser principios innegociables en cualquier relación bilateral.