En un escenario donde los números se acumulan y las expectativas se mantienen en vilo, José Raúl Mulino, presidente electo, toma la palabra. Su promesa es clara: pagar los $2 mil millones adeudados a los proveedores del Estado. El titular de este compromiso resuena como un eco de esperanza para un sector que ha enfrentado dificultades y retrasos.
El Desafío de los Proveedores
Los gremios empresariales han estado al borde de la incertidumbre. La falta de pagos a tiempo ha amenazado la continuidad de obras de infraestructura y la estabilidad de empresas. La paralización de proyectos y el cierre de negocios han sido una realidad dolorosa. Pero ahora, con la promesa de Mulino, se vislumbra un cambio.
La Potestad del Estado
Las personas que llegan a la oficina del organismo internacional, buscando respuestas sobre los pagos pendientes, a menudo desconocen un detalle crucial. Si bien el aval de un organismo puede parecer una vía directa para el pago, la potestad recae en los entes del Estado y, en última instancia, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Es allí donde se toman las decisiones que afectan a los proveedores.
Un Compromiso que Marca la Diferencia
La administración de Mulino se enfrenta a un desafío monumental. La liquidez, la transparencia y la eficiencia serán las claves para cumplir con esta deuda pendiente. Los empresarios esperan que se instaure un mecanismo expedito que garantice el pago a tiempo y evite los obstáculos que han afectado al sector.